El pasado 14 de abril de 2026, el DANE publicó los resultados de la Encuesta de Calidad de Vida (ECV 2025), la cual mide de manera objetiva los avances y retos de las regiones en torno a la pobreza y las condiciones de vida de los ciudadanos. El país recibió una noticia alentadora: la Incidencia de Pobreza Multidimensional (IPM) a nivel nacional descendió -1,6 puntos porcentuales (p.p.), pasando del 11,5% al 9,9% en el último año. Sin embargo, mientras Colombia avanza, el departamento del Meta parece ir en contravía con un crecimiento en el índice de pobreza de +1,9 p.p., enfrentando un panorama social que exige explicaciones urgentes por parte de nuestros dirigentes.

Infortunadamente, el Meta sufrió un retroceso significativo en su lucha contra la desigualdad, registrando un incremento del 18% en el IPM, que escaló del 10,4% al 12,3% en el periodo 2024-2025. El impacto más crítico se observa en la zona rural, donde la pobreza saltó del 18,2% al 26,4%; un aumento devastador de +8,2 puntos. Esto implica que el departamento sumó +23 mil nuevos pobres en tan solo un año, alcanzando un total de 142 mil personas en dicha condición. Además, quienes ya eran pobres se hicieron aún más pobres, pues la intensidad de sus privaciones subió del 39,4% al 41%.

Los mayores retrocesos se concentraron en necesidades básicas insatisfechas: la falta de acceso a agua mejorada creció +6,6 p.p. y la inadecuada eliminación de excretas subió +4,8 p.p. Asimismo, las barreras de acceso a servicios de salud y el hacinamiento crítico aumentaron considerablemente. En el ámbito laboral, la informalidad subió +3,5 p.p., mientras que indicadores sensibles como el trabajo infantil y la inasistencia escolar también mostraron importantes deterioros. Como contraparte, las únicas mejoras notables se dieron en rezago escolar (-3,0 p.p.) y desempleo de larga duración (-1,3 p.p.), este último explicado por el incremento en la informalidad laboral.

Un análisis más detallado de las estadísticas revela datos alarmantes: el número de personas con barreras de acceso a la salud se triplicó, pasando del 1,9% al 6,4% en el último año. En cuanto al saneamiento, la eliminación inadecuada de excretas se duplicó en el mismo periodo. Por otro lado, aunque el rezago escolar mejoró un 13%, las cifras siguen siendo inaceptables, afectando al 19% de los niños, niñas y adolescentes en zonas urbanas y al 26,9% en zona rural. Finalmente, la informalidad laboral no da tregua, alcanzando el 74,5% en las cabeceras municipales (+4,2 p.p.) y un 82% en el sector rural (+0,5 p.p.).

El Meta hoy destaca negativamente entre los cuatro departamentos con mayores tasas de trabajo infantil en el país, cifra que se duplicó en los cascos urbanos en el último año. En términos de salud, el panorama es igual de sombrío: somos uno de los cuatro departamentos con más barreras de acceso y ocupamos la tercera posición nacional en falta de aseguramiento en salud, superados solo por Arauca y Guainía. Esta desprotección es especialmente grave en el área rural, donde la población sin seguro creció del 8,8% al 16% en tan solo un año, en buena medida explicada por los altos índices de informalidad laboral y la falta de presencia del Estado en zonas apartadas.

Ante este lamentable panorama, surgen interrogantes que la Administración Departamental no puede evitar: ¿Cómo explicar que uno de los departamentos más ricos de Colombia registre este crecimiento acelerado de la pobreza en contravía de la tendencia nacional? ¿Por qué los más de $1,8 billones de regalías petroleras por bienio no están impactando en la calidad de vida de los metenses? ¿Qué pasará cuando se agoten las rentas petroleras y, por ende, se reduzca el presupuesto de inversión de manera significativa? ¿El Plan de Desarrollo Departamental tiene problemas de ejecución o de impacto? La falta de control político por parte de la Asamblea Departamental y la responsabilidad ciudadana al elegir a sus gobernantes son temas que hoy, más que nunca, deben ponerse sobre la mesa.