La Encuesta Nacional de Calidad de Vida (ECV) 2025, elaborada por el DANE, evidencia una grave crisis social en el departamento del Meta que se ha agudizado en el último año. Este deterioro responde al incremento en el costo de vida, la inestabilidad en el ingreso de las familias por las altas tasas de informalidad laboral y la carencia de políticas públicas que garanticen la inclusión económica y social de los más de 142 mil metenses excluidos de los beneficios del desarrollo. Los recursos de regalias no están impactando los hogares de los más necesitados, evidenciando deficiencias en la gestión del presupuesto público por parte de una clase dirigente que por su avaricia y codicia por los bienes terrenales, condena a miles de familias a la pobreza, el hambre y la exclusión.

Las familias con vivienda propia cuentan con una ventaja estratégica sobre aquellas que deben destinar una importante parte de sus ingresos al pago de alquileres, lo que reduce drásticamente su capacidad de consumo. Actualmente, el Meta ocupa la primera posición a nivel nacional en proporción de hogares que viven en arriendo (47,9%). Mientras el déficit habitacional en el país mejora, en el Meta se disparó del 28,2% al 33,4%. Esto significa que más de 134 mil hogares sufren algún tipo de privación de vivienda. Para cerrar esta brecha, se requiere la construcción de 37 mil viviendas nuevas y el mejoramiento de otras 97 mil. Además, la precariedad en servicios básicos es alarmante: 65 mil hogares carecen de agua mejorada y 37 mil no tienen alcantarillado.

La propiedad de vivienda en el Meta ha caído del 40,8% al 34,1% entre 2018 y 2025 afectando profundamente la calidad de vida y la sensación de bienestar. Entre 2024 y 2025, el porcentaje de jefes de hogar que se consideran pobres saltó del 20,4% al 25,1%. Este incremento del 23% en la percepción de pobreza contrasta con la reducción del 7% a nivel nacional. Mientras que en 21 de los 32 departamentos del país diminuyó el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) en el último año, en el Meta creció un 18%, siendo el Meta el departamento líder en incremento de la pobreza. Asimismo, la percepción de seguridad en barrios y veredas cayó del 82,9% al 80,7%. En salud, la afiliación al régimen contributivo bajó al 41,5%, reflejando una informalidad laboral que alcanza el 74,5% en cascos urbanos y un crítico 82% en la zona rural.

El futuro de la juventud metense enfrenta barreras críticas. La asistencia escolar en jóvenes de 17 a 21 años bajó al 41,4%, cifra muy inferior al promedio nacional (48,4%). Mientras Colombia mejora en acceso a educación superior, el Meta retrocedió al 32,1%. Urge crear oportunidades reales para que nuestros jóvenes no abandonen las aulas; de lo contrario, seguirán siendo un blanco fácil para los grupos armados irregulares y la delincuencia común.

A pesar de este desalentador panorama, el departamento muestra avances en tecnología. El acceso a internet en hogares subió al 78,8%, superando el promedio nacional (73,9%). El uso de internet en mayores de 5 años llegó al 84,4%, gracias a la competencia entre los diferentes operadores, lo que se traduce en menores tarifas de conectividad. Sin embargo, existe una brecha enorme entre contar con internet para el consumo (redes sociales y entretenimiento) y usarlo como herramienta productiva para mejorar las condiciones de vida de la población.