Categoría: seguridad ciudadana

Villavicencio: seis señales de alerta sobre el rumbo de la ciudad

Publicado en Colombia, Departamento del Meta, EAAV, Empleo, Política, seguridad ciudadana, Villavicencio (Meta)Etiquetado como , Deja un comentario

En las últimas semanas, varios indicadores han comenzado a mostrar señales de deterioro en Villavicencio. Esta situación invita a reflexionar sobre los desafíos que enfrenta la ciudad en materia de servicios públicos, costo de vida, empleo, gestión municipal y capacidad institucional para convertir las decisiones en resultados. No se trata de atribuir automáticamente cada problema a una sola administración ni de desconocer los factores externos que inciden en la economía local. Se trata de evaluar los resultados y preguntarnos si las decisiones públicas están contribuyendo a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, o si por el contrario, estamos ante un retroceso que nos obliga a repensar el futuro. A mi juicio, seis asuntos merecen especial atención.

1. El servicio de acueducto: una tarifa que presiona hogares y empresas

Uno de los asuntos que más preocupación ha generado entre los ciudadanos en los últimos meses es el comportamiento de la tarifa del servicio de agua potable que presta la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Villavicencio – EAAV ESP EICE. En el último año el costo del metro cúbico de agua potable se ha duplicado, al pasar de $2.423,70 en julio de 2025 a $4.929,18 en julio de 2026, un incremento del 103,38%, lo que ubica a Villavicencio entre las tres ciudades capitales con la mayor tarifa de agua potable para el sector residencial, después de Barranquilla ($5.095,66) y Medellín ($4.978,29). En el caso del comercio, la tarifa se incrementó en la misma proporción al pasar de $3.999,11 y $8.133,15, por lo que los comerciantes de la capital del Meta cuentan con la tercera tarifa más alta a nivel nacional, únicamente superados por Sincelejo ($8.714,84) y Barranquilla ($8.153,06).

La Resolución 1032 de 2026 de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) introdujo una nueva metodología tarifaria con aplicación a partir de julio del presente año. Esto generó un impacto moderado en la mayoría de capitales del país, con incrementos ordinarios situados mayoritariamente entre el 3,5% y el 8%, como el caso de Bogotá con el 6,67%. Sin embargo, existen en la actualidad tres casos atípicos a nivel nacional: 1. En un extremo figura Yopal que destacó como la única capital con una reducción tarifaria del -11,85% por la corrección en el indicador de pérdidas de red (Consumo Corregido por Pérdidas – CCP), 2. El Acueducto Metropolitano de Bucaramanga – EMB ESP anunció un incremento de hasta el 37% en el consumo de agua potable. Sin embargo, la EMB ESP tomó la decisión de congelar las tarifas hasta el próximo mes de diciembre de 2026 para evitar una mayor presión inflacionaria en la economía local y a la espera de un concepto de la CRA, 3. Villavicencio, esta última con un incremento récord del 90,26% en la tarifa de consumo básico de agua potable (frente a la tarifa aplicada hasta junio de 2026).

No siendo suficiente el incremento excesivo de las tarifas del servicio de agua potable en Villavicencio, la Junta Directiva de la EAAV ESP autorizó un incremento adicional en el número de metros cúbicos de referencia para los hogares en los que no es posible la toma de lectura del micromedidor, pasando de 12 a 14 metros cúbicos mensuales, medida que se adoptó a partir del mes de julio de 2026 y que tiene efectos directos en la facturación, afectando especialmente a los hogares más vulnerables de la capital del Meta.

La magnitud de estos cambios plantea interrogantes sobre sus efectos en la economía de los hogares y en la estructura de costos de los establecimientos comerciales e industriales. No hay que olvidar que el comercio y los servicios (incluye restaurantes y hoteles) tiene un papel preponderante en la actividad económica de la ciudad y es el mayor generador de empleo, por lo que el precio de un servicio esencial puede convertirse en un factor de presión para los negocios y, potencialmente, para los consumidores. Asimismo, la agroindustria, renglón con alto potencial de crecimiento, tiene en el costo de abastecimiento de agua un factor que le resta competitividad frente a otras ciudades capitales del país con tarifas más asequibles. Finalmente, el incremento tarifario adoptado por la EAAV ESP no solo afecta la economía de las familias y empresas, también tendrá un impacto importante en las finanzas públicas, dado que el Municipio de Villavicencio tendrá que transferir a la EAAV ESP cerca de $24.800 millones anuales por concepto de subsidios a los estratos 1, 2 y 3. Es decir, cerca de $6.100 millones adicionales cada año y que se financiará con los impuestos que pagamos los villavicenses.

El debate no debería agotarse en el valor del metro cúbico. El Alcalde debe darle la cara a la ciudad y explicar qué inversiones respaldan el incremento en el costo de las tarifas, qué avances se esperan en la reducción de pérdidas, cómo mejorará la prestación del servicio y qué mecanismos existen para proteger a los usuarios. Una tarifa más alta exige transparencia sobre sus fundamentos y resultados verificables para la ciudadanía.

2. El costo de vida: una presión adicional para los hogares

El segundo indicador que amerita un análisis es el comportamiento de los precios de la canasta básica familiar. Según los datos del DANE recopilados para septiembre de 2026, Villavicencio registró una variación mensual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del 1,14%, frente al 0,37% del promedio nacional. La diferencia fue de 0,77 puntos porcentuales (p.p.), una señal desfavorable para el bolsillo de los ciudadanos.

Por divisiones de gastos, la información consultada reporta incrementos mensuales del 2,78% en alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles, y del 1,65% en alimentos y bebidas no alcohólicas. En contraste, transporte presentó una variación del -0,26%. En su conjunto, la variación mensual de los precios de la canasta básica familiar en Villavicencio representa un retroceso en el bienestar de los hogares con menores ingresos, puesto que un mayor costo de arrendamiento y servicios públicos implica un menor presupuesto disponible para compra de alimentos.

En la variación anual para la vigencia 2026 también se destacan los resultados reportados para restaurantes y hoteles, con un incremento del 10,90%, e información y comunicación, con el 6,60%, por lo que Villavicencio acumula la mayor inflación en estas dos divisiones de gastos entre el total de ciudades capitales del país. La división de alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles registró una variación acumulada en lo corrido del año del 7,23%, siendo este el tercer mayor incremento a nivel nacional, superado únicamente por Armenia (8,08%) y Medellín (7,56%).

Cuando los precios de los bienes y servicios aumentan, la capacidad de compra de los hogares puede verse comprometida, especialmente cuando sus ingresos no crecen al mismo ritmo de sus gastos. El efecto puede sentirse en las decisiones cotidianas: qué comprar, qué gastos aplazar y cuánto destinar a alimentación, vivienda, transporte y educación. Por lo tanto, el comportamiento de los precios debe formar parte de la discusión sobre el desarrollo de Villavicencio. La pregunta no es únicamente cuánto está aumentando el costo de vida, sino qué condiciones económicas, productivas y laborales permitirán a los ciudadanos afrontar esas presiones.

3. Mercado laboral: más informalidad y un deterioro en la desocupación

Las cifras del mercado laboral ofrecen otra señal que requiere un análisis de fondo, por ser un factor determinante en la economía de los hogares. De acuerdo con la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) del DANE, la tasa de desocupación de Villavicencio pasó del 7,3% en el trimestre móvil junio-agosto de 2025 al 8,0% en el mismo periodo de 2026, un aumento de 0,7 p.p.

La informalidad laboral presenta un comportamiento especialmente preocupante. En el mismo periodo, la proporción de ocupados informales aumentó del 51,7% al 54,8%, es decir, un aumento de 3,1 p.p. De acuerdo con la comparación de las 13 principales ciudades y áreas metropolitanas publicada por el DANE, Villavicencio registró el mayor incremento frente al año anterior, y el segundo mayor incremento nacional después de Florencia (Caquetá). En contraste, el promedio de las 13 principales ciudades disminuyó del 41,9% al 40,7%, una reducción de 1,2 p.p.

El desempleo juvenil también aumentó en el mismo periodo al pasar del 12,4% al 14,2%, es decir 1,9 p.p., mientras que el promedio de las 13 principales ciudades pasó del 14,3% al 15,7%, un incremento de 1,4 p.p. A ello se suman las estimaciones de población desocupada (cerca de 22.597 personas), subocupada (21.919) y de fuerza de trabajo potencial (11.294). En conjunto, estos indicadores sugieren dificultades que van más allá de la posibilidad de encontrar un empleo: también importa la calidad de las oportunidades disponibles y la capacidad de la economía local para generar ingresos estables para sus ciudadanos.

Estos resultados no demuestran, por sí solos, que todos los cambios sean consecuencia directa de la gestión municipal. Sin embargo, sí justifican examinar cuales son las políticas de desarrollo económico que está implementando la ciudad, cómo se articula la administración municipal con el sector privado, gremios y academia, cuáles son los avances en formación para el trabajo y cuales son los programas orientados a facilitar la inserción laboral de jóvenes y población vulnerable.

Una ciudad que aspira a crecer necesita que sus habitantes encuentren oportunidades de empleo formal y productivo. Cuando aumenta la informalidad, la discusión debe centrarse tanto en las condiciones que la generan como en las medidas que pueden contribuir a revertirla.

4. La Agencia Pública de Empleo: planeación y responsabilidad en el uso de los recursos

Otro asunto que requiere atención es la autorización para que el municipio preste el servicio público de empleo a través de una agencia territorial. La información recopilada para este análisis señala que, mediante la Resolución 0338 del 13 de agosto de 2026, la Unidad Administrativa Especial del Servicio Público de Empleo – UAESP habría negado la solicitud de autorización presentada por el municipio de Villavicencio.

Ante esta decisión, es necesario establecer cuáles fueron las razones de la negativa, qué requisitos estaban pendientes y qué alternativas existen para garantizar la prestación de los servicios de intermediación laboral. La ciudadanía tiene derecho a conocer si hubo fallas en la planeación, en la presentación de los requisitos o en la coordinación entre las entidades involucradas. Al consultar la página de la UAESP se observa que a la fecha la Alcaldía de Villavicencio (Municipio) no aparece como un prestador autorizado para la intermediación laboral.

La situación también plantea preguntas sobre la planeación y el uso de los recursos públicos. Se ha señalado la existencia de contratos de prestación de servicios y de arrendamiento de instalaciones en el Centro Empresarial Potenza, relacionados con el funcionamiento de la Agencia Pública de Empleo. Para evaluar sus implicaciones, es indispensable revisar el objeto de los contratos, sus obligaciones, los pagos realizados y la ejecución efectiva de las actividades previstas.

La existencia de estos contratos no demuestra, por sí sola, un detrimento patrimonial. Sin embargo, sí hace necesario establecer si los recursos se comprometieron de manera oportuna, si se cumplieron las condiciones previstas y si la Administración adoptó las medidas necesarias para proteger el patrimonio público. La transparencia sobre estos aspectos es fundamental para determinar las responsabilidades que pudieran existir.

5. La percepción sobre la gestión: un resultado que merece explicación

El Panel de Opinión de Cifras y Conceptos constituye una referencia para examinar la percepción de líderes de opinión sobre asuntos políticos, económicos, sociales y ambientales. En la edición 2026, la información consultada ubica al alcalde de Villavicencio, Alexander Baquero, en el puesto 16 entre los 16 alcaldes evaluados, con una calificación de 38 puntos sobre 100 posibles.

Este resultado merece una reflexión sobre la percepción de la gestión municipal y los factores que pueden estar influyendo en ella. Es importante precisar que el estudio recoge las respuestas de los líderes de opinión participantes y no representa una medición directa de la opinión de todos los habitantes de Villavicencio. Tampoco reemplaza una evaluación técnica de los resultados de gobierno. Sin embargo, la percepción constituye una señal que puede contrastarse con otros elementos: el comportamiento de los servicios públicos, los indicadores económicos, avances en seguridad, empleo, movilidad, cumplimiento de metas institucionales, capacidad de respuesta de la Administración ante las necesidades ciudadanas, etc.

El reto de un gobierno local no consiste únicamente en ejecutar programas, anunciar proyectos u organizar las mejores actividades culturales posibles. También implica demostrar resultados, explicar sus decisiones, reconocer las dificultades y generar confianza en las instituciones. Por eso, más allá de la posición en un ranking, la pregunta relevante es qué factores explican esta deficiente valoración y qué acciones pueden contribuir a mejorar tanto los resultados de la gestión como la confianza de los ciudadanos en la administración municipal.

6. La EAAV ESP acumula pérdidas durante los dos primeros trimestres de 2026

En la información financiera reportada por la EAAV ESP para el primer trimestre de 2026 se evidencian pérdidas acumuladas por valor de $283 millones, mientras que para el segundo trimestre (corte a junio de 2026) las pérdidas ya superan los $1.719 millones, con un margen de utilidad neta del -3% y un déficit acumulado que supera los $48.500 millones. Los problemas de la empresa remontan a decisiones tarifarias adoptadas durante la última década. El 1 de julio de 2016 la EAAV ESP implementó, mediante un cálculo tarifario técnicamente inadecuado, la Resolución CRA 688 de 2014 mediante la cual se proyectó un Plan de Obras e Inversiones Regulado – POIR a 10 años por cerca de $1,2 billones, inversión que se esperaba financiar con la facturación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado, específicamente, a través del componente tarifario Costo Medio de Inversión – CMI.

La realidad es que en dicho periodo la empresa logró invertir menos del 13% de lo proyectado en el POIR, por lo que estuvo en un riesgo permanente de intervención administrativa, técnica y financiera por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Las deficiencias en la planeación tarifaria que condujeron a la formulación de un POIR sobredimensionado, bajo el supuesto de una proyección de volumen facturado totalmente distorsionada de la realidad, le permitió a la empresa mantener el recaudo a costa de su viabilidad en el largo plazo. Las inversiones proyectadas en el POIR incluían entre otras obras, la construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales – PTAR, obra que nunca se ejecutó, pero que una buena parte de dicha inversión proyectada sí se cobró a los usuarios en sus facturas. A la fecha, la EAAV ESP aplica una devolución por las inversiones no realizadas, las cuales se pueden observar en las facturas en el apartado; Otros cobros, (-) Devolución x inversiones ACU R287.

Durante el presente año la EAAV ESP (con el mismo equipo tarifario de 2014), estableció la nueva tarifa, en la que se factura al usuario un CMI de $3.228,01 por metro cúbico de agua potable (un incremento del 222,73%) y de $2.269,56 el metro cúbico de alcantarillado (+13,57%). De esta forma la Junta Directiva de la EAAV ESP, en cabeza de Alexander Baquero, alivia la crítica situación financiera de la empresa, pero le deja un nuevo problema a la ciudad en el mediano y largo plazo. La proyección tarifaria implica pasar de ingresos ordinarios (acueducto y alcantarillado) por valor de $117 mil millones a cerca de $150 mil millones al año, de los cuales cerca de $87.239 millones corresponden al CMI, es decir, recursos que recauda y que debe destinar cada año la empresa exclusivamente para inversión en captación, conducción y distribución de agua potable y al desarrollo de la infraestructura de alcantarillado.

Sin embargo, la realidad de la empresa es que los elevados costos de administración y operación, la alta burocratización, los presuntos malos manejos administrativos, los insostenibles y crecientes beneficios laborales asociados a la convención colectiva, la elevada deuda con Findeter y la banca privada que asciende a más de $26.300 millones y el creciente pasivo pospensional que supera los $15 mil millones, implica que más del 60% de los ingresos destinados a inversión se tendrán que utilizar para cubrir el insuficiente recaudo por concepto de Costo Medio de Administración – CMA (cargo fijo), Costo Medio de Operación – CMO y Costo Medio de Impuestos, Contribuciones y Tasas – CMICT.

Por lo anterior, es importante que se dé una amplia discusión ciudadana en torno al futuro de la EAAV ESP para hacerla nuevamente viable financiera, técnica y operativamente. Lo que no pueden permitir los villavicenses es su privatización. La gestión de los servicios de acueducto y alcantarillado pueden ser nuevamente rentables para la ciudad, pues a pesar de la deficiente administración a que ha sido sometida la empresa durante los últimos años, el suministro de agua siempre será un gran negocio para la ciudad, pues el agua es un bien que se extrae de los afluentes hídricos a un costo irrisorio, el agua llega a la planta de tratamiento por gravedad y los costos reales de insumos para el tratamiento del agua no superan el 9,3% de los costos totales de transformación (costos de venta).

Una reflexión sobre el rumbo de Villavicencio

Los seis asuntos examinados muestran dimensiones distintas de los desafíos que enfrenta la ciudad, al observarlos en conjunto permite plantear preguntas necesarias sobre las prioridades de la Administración municipal, la eficacia de las políticas públicas y la forma en que se están utilizando los recursos disponibles. A mi juicio, Villavicencio necesita una discusión pública que vaya más allá de la confrontación política. Una discusión que reconozca los avances cuando existan, identifique las dificultades con evidencia y exija explicaciones cuando las cifras plantean señales de alerta. El desarrollo de una ciudad no se mide únicamente por las obras que se anuncian o los proyectos que se ejecutan. También se refleja en la capacidad de sus habitantes para acceder a servicios esenciales, mantener su poder adquisitivo, encontrar empleos de calidad y confiar en sus instituciones.

Las cifras no ofrecen todas las respuestas, pero sí nos obligan a formular mejores preguntas. ¿Qué decisiones deberían convertirse en prioridades para mejorar las condiciones de vida de los villavicenses? ¿Qué otros indicadores tendríamos que examinar para comprender el momento que atraviesa la ciudad? Y, sobre todo, ¿qué estamos dejando por fuera de esta reflexión?

Comente, comparta y comprométase con su ciudad. Los leo.

¿Por qué Villavicencio y el Meta no logran desarrollar todo su potencial? 12 frenos estructurales

Publicado en Colombia, Competitividad, Departamento del Meta, Empleo, Pobreza, Política, seguridad ciudadana, Turismo, Villavicencio (Meta)Etiquetado como Deja un comentario

Durante los últimos años he tenido la oportunidad de analizar la evolución de diferentes indicadores que permiten aproximarnos, con mayor objetividad, al desempeño del departamento del Meta y de su capital, Villavicencio, en sus dimensiones económica, política, social, institucional, ambiental, tecnológica y territorial. Los resultados, en muchos casos poco satisfactorios, nos llevan a reflexionar sobre por qué una de las regiones más ricas del país, que cuenta con ventajas comparativas únicas, no ha logrado traducir su enorme potencial en mayores niveles de desarrollo y bienestar para sus ciudadanos.

La pregunta es especialmente relevante cuando observamos problemas persistentes relacionados con la calidad del empleo, la informalidad, la seguridad, la infraestructura, la movilidad, los servicios públicos, la productividad, la diversificación del tejido empresarial, la innovación, la capacidad institucional y la transparencia en la gestión de los recursos públicos. Esto no significa desconocer que en los últimos años Villavicencio y el Meta han experimentado algunos avances y que existen empresas, instituciones, universidades, organizaciones sociales y ciudadanos que trabajan diariamente por el desarrollo de la región. Sin embargo, los avances puntuales no han sido suficientes para transformar las condiciones estructurales que limitan el desarrollo de la ciudad y el departamento.

Villavicencio tiene una posición geoestratégica privilegiada como principal centro urbano del Meta y como puerta de entrada a la Orinoquía colombiana. El departamento, a su vez, cuenta con recursos naturales, producción agropecuaria, biodiversidad, potencial turístico y agroindustrial y una población con capacidades que podrían convertirse en motores de crecimiento y desarrollo. A esto se suma el potencial para avanzar en la generación de energías limpias y en la transición hacia una matriz energética más diversificada y sostenible. Sin embargo, seguimos enfrentando problemas que llevan décadas sin resolverse completamente. Aunque, a mi juicio, existen múltiples causas, considero que hay 12 factores relevantes que actúan como freno al desarrollo de Villavicencio y del Meta.

1. Corrupción y captura de lo público

El primer factor, y posiblemente el más importante, es la corrupción. Cuando los recursos públicos dejan de asignarse exclusivamente de acuerdo con criterios de necesidad, impacto social, eficiencia y rentabilidad pública, la capacidad del Estado para transformar el territorio se reduce considerablemente. La corrupción no solamente significa que alguien se apropie ilegalmente de los recursos públicos. También puede manifestarse en decisiones que privilegian intereses particulares sobre el interés colectivo, en contratación deficiente, en obras que no responden a las verdaderas necesidades de la población, en sobrecostos, retrasos o proyectos que terminan sin cumplir adecuadamente su propósito.

El costo de esta práctica va mucho más allá del dinero perdido. Cada peso que no produce el beneficio social para el cual fue destinado representa una oportunidad perdida; una beca que no se financia, una vía que no se construye, un sistema de agua que no se mejora, un emprendimiento que no se apalanca, un colegio que no se fortalece o una infraestructura de salud que no se desarrolla. La corrupción también destruye la confianza de los ciudadanos cuando perciben que sus impuestos no se traducen en mejores servicios, seguridad, infraestructura y oportunidades, lo que disminuye la legitimidad institucional y deteriora el contrato social. La corrupción, por tanto, no es solamente un problema jurídico o moral; es un problema que impacta de manera directa el desarrollo económico y social de la ciudad y la región.

2. Clientelismo y debilitamiento del mérito

Muy relacionado con lo anterior aparece un segundo problema: el clientelismo. Durante décadas se ha construido en el Meta y en Villavicencio una relación perversa entre política y acceso a oportunidades laborales, contratos y posiciones dentro de las entidades públicas. Cuando el mérito deja de ser el principal criterio para acceder a las instituciones del Estado y es reemplazado por relaciones políticas, familiares o personales, la administración pública pierde capacidad técnica. El problema no es solamente quién obtiene un cargo; el problema es que el funcionario o contratista puede no tener los incentivos para alcanzar su mejor desempeño, por lo que terminamos construyendo una institucionalidad incapaz de resolver adecuadamente los problemas de los ciudadanos.

Una administración moderna necesita profesionales capaces de formular proyectos, gestionar recursos, utilizar información para la toma de decisiones, incorporar tecnología, evaluar resultados y resolver problemas complejos. Si el acceso a las oportunidades depende fundamentalmente de pertenecer a una u otra casa política, el incentivo para los ciudadanos termina siendo perverso: en lugar de invertir en formación, experiencia y mérito, pueden percibir que resulta más rentable construir relaciones políticas. De esta manera se reproduce un círculo difícil de romper: el resultado es una pérdida progresiva de capacidad institucional y, al mismo tiempo, una fuga de profesionales que no encuentran espacios para desarrollar su talento.

3. Baja capacidad institucional y burocratización

Una administración pública eficiente no se mide por el número de funcionarios que tiene en su nómina, sino por su capacidad para generar resultados. Sin embargo, la realidad es que cada nuevo gobierno incorpora estructuras, cargos y dependencias, incrementando los gastos de funcionamiento sin realizar previamente una revisión profunda de las necesidades reales de la organización. Esto puede terminar generando administraciones más costosas y, paradójicamente, menos eficientes. El problema también está relacionado con la baja apropiación tecnológica, la persistencia de procesos administrativos que no generan valor para los ciudadanos, la limitada utilización del trabajo flexible y la ausencia de soluciones que permitan hacer más con los mismos recursos.

En 2025, Villavicencio registró Ingresos Corrientes de Libre Destinación (ICLD) por $264,8 mil millones, mientras que sus gastos de funcionamiento ascendieron a $154,2 mil millones, equivalentes al 58% de sus ICLD. Esta proporción resulta elevada frente a la registrada por otras ciudades intermedias como Manizales (30%), Pereira (32%), Tunja (36%), Ibagué (42%) o Bucaramanga (29%). Este dato revela que una proporción significativa de la capacidad fiscal de la ciudad termina destinada a sostener su propia estructura administrativa, limitando la capacidad de financiar las transformaciones que se requieren. Una administración pública moderna debería buscar permanentemente simplificar procesos, digitalizar servicios, evaluar resultados y optimizar sus gastos de funcionamiento, de manera que cada peso destinado a la administración se traduzca en mayor valor para los ciudadanos.

4. Ineficiencia en la asignación del gasto público

Incluso cuando los recursos se ejecutan respetando el marco legal, todavía existe una pregunta fundamental; ¿Estamos gastando el dinero público en aquello que genera el mayor beneficio para la sociedad?. Esta es una discusión diferente a la corrupción. Una administración puede ejecutar correctamente su presupuesto y, aun así, asignarlo de manera ineficiente. El desarrollo requiere priorizar inversiones capaces de generar efectos multiplicadores; educación de calidad, infraestructura estratégica, innovación, productividad empresarial, primera infancia, formación de capital humano, seguridad, movilidad, servicios públicos y adaptación al cambio climático.

El problema aparece cuando las administraciones se concentran en resolver permanentemente las urgencias del presente y dejan de construir las soluciones estructurales del futuro. Reparar una vía es necesario, pero si esa misma vía debe repararse varias veces en un corto periodo de tiempo, debemos preguntarnos si estamos solucionando el problema o simplemente administrándolo. Cada año, el departamento del Meta y sus 29 municipios invierten miles de millones de pesos en festivales, conciertos y otras actividades de ocio que podrían ser cofinanciadas por la iniciativa privada. Sin embargo, proyectos que son prioritarios y estratégicos para el territorio se quedan sin presupuesto para su ejecución.

5. Baja capacidad fiscal y dependencia de recursos externos

Una ciudad que quiere desarrollarse necesita contar con una estructura fiscal sólida. No basta con tener grandes presupuestos. Es necesario disponer de ingresos propios suficientes, sostenibles y administrados eficientemente. Una baja capacidad de recaudo limita la autonomía de las administraciones y aumenta la dependencia de transferencias, regalías y otras fuentes externas. Esto es particularmente relevante en un territorio como el Meta, que durante décadas ha recibido importantes recursos asociados a la explotación de hidrocarburos. Sin embargo, se encuentra en riesgo de descender de primera a segunda categoría político-administrativa y fiscal por no alcanzar un recaudo impositivo propio que se ajuste a lo exigido por la normatividad y la ley.

Las regalías pueden convertirse en una extraordinaria oportunidad de desarrollo, pero solamente cuando se transforman en infraestructura, capital humano, innovación, productividad y nuevas fuentes de riqueza. El propio Departamento Nacional de Planeación (DNP) ha identificado la necesidad de fortalecer la capacidad territorial para optimizar el manejo de las regalías, mejorar la articulación de los proyectos en el departamento del Meta y evitar la atomización de los recursos en un centenar de proyectos de bajo impacto económico y social. No hay que olvidar que el petróleo es un recurso no renovable y que, en unos años, no contaremos con esta importante fuente de ingresos para apalancar el tan anhelado desarrollo.

6. Un aparato productivo poco diversificado y de baja productividad

El Meta tiene una enorme capacidad productiva. Sin embargo, contar con recursos naturales y actividades económicas importantes no significa necesariamente tener una economía diversificada y sofisticada. Una economía vulnerable es aquella que depende excesivamente de pocas actividades, pocos mercados o pocos productos. La verdadera transformación económica requiere avanzar hacia actividades de mayor valor agregado, fortalecer las cadenas agroindustriales, desarrollar servicios especializados, impulsar el turismo sostenible y aprovechar las ventajas logísticas y territoriales de la Orinoquía. Villavicencio se caracteriza por una alta concentración de su actividad económica en el comercio y los servicios de bajo valor agregado, una constante pérdida de empleos en el sector industrial y un monopolio de la facturación en las grandes superficies donde no se comercializan productos locales.

El reto consiste en pasar de vender principalmente materias primas a producir conocimiento, tecnología, servicios y productos más sofisticados. Esto también implica aumentar la productividad de las empresas existentes. Una empresa pequeña no necesariamente tiene que convertirse en una gran empresa para aportar al desarrollo, pero sí necesita mejores procesos, tecnología, acceso a financiación, talento humano capacitado y posibilidades de integrarse a mercados regionales, nacionales e internacionales. Para ello, debe existir una política pública de reindustrialización y de desarrollo del aparato productivo, con recursos importantes para cofinanciar el escalamiento de nuestras empresas en las cadenas de valor.

7. Un ecosistema débil de innovación, emprendimiento y conocimiento

Una región no puede construir un futuro competitivo únicamente con las actividades económicas del presente. Necesita crear las condiciones para que aparezcan las actividades económicas del futuro. Para ello se requiere una relación mucho más fuerte entre universidades, empresas, Estado, centros de investigación y emprendedores. El conocimiento que se produce en las universidades debe encontrar caminos para convertirse en innovación, empresas, soluciones tecnológicas y nuevos productos y servicios que tengan una aplicación real en el mercado.

Del mismo modo, las empresas necesitan encontrar en las universidades talento, investigación aplicada y capacidades que les permitan aumentar su productividad. Villavicencio y el Meta tienen más de una veintena de instituciones de educación superior, empresarios y emprendedores con capacidades importantes. El desafío está en conectarlos. Sin un ecosistema de innovación suficientemente articulado, resulta difícil generar empresas de alto crecimiento, atraer inversión para el desarrollo tecnológico y crear empleos altamente cualificados.

8. Informalidad laboral y escasez de empleo de calidad

El empleo es probablemente uno de los indicadores que mejor refleja la capacidad de una economía para generar bienestar para sus ciudadanos. No basta con que una persona tenga alguna fuente de ingreso; el desarrollo requiere empleos productivos, estables, formales y con posibilidades de crecimiento. La informalidad reduce la productividad, limita la protección social, disminuye la capacidad de ahorro de los hogares, restringe las posibilidades de construir trayectorias laborales de largo plazo y genera una mayor presión sobre el presupuesto público en subsidios de salud, hogares geriátricos para los adultos mayores y comedores comunitarios y escolares.

Además, genera un círculo vicioso difícil de romper; la baja productividad genera bajos ingresos, lo que se traduce en informalidad, baja capacidad de inversión y, por ende, baja productividad. Por eso, combatir la informalidad no puede limitarse a perseguir vendedores informales o imponer sanciones a quienes no cumplen el marco legal. Es necesario crear condiciones para que las empresas puedan crecer, formalizar trabajadores, generar empleos de mayor productividad y desarrollar un ecosistema emprendedor con un fuerte apalancamiento financiero. El verdadero objetivo debe ser que las familias puedan progresar económicamente gracias a su trabajo, no que tengan que depender permanentemente de subsidios, ayudas estatales o relaciones políticas.

9. Déficit de infraestructura y servicios públicos

Una ciudad competitiva necesita infraestructura que funcione: vías, transporte público, acueducto, alcantarillado, energía, conectividad digital, espacio público y equipamientos urbanos son condiciones básicas para la actividad económica y la calidad de vida. Infortunadamente, los villavicenses hemos sufrido durante décadas de una infraestructura y de servicios inadecuados. El sistema de abastecimiento de agua ha enfrentado durante años dificultades asociadas a la vulnerabilidad de sus fuentes y de la infraestructura de aducción. La intermitencia del servicio de energía, la inestabilidad de la conexión a Internet y el costo creciente de los servicios públicos deterioran la capacidad de consumo de los hogares, generan mayores costos y por ende, afectan la calidad de vida de los ciudadanos y la productividad de las empresas.

En 2025, por ejemplo, la ciudad permaneció durante buena parte del año sin un suministro continuo de agua potable, por lo que tuvo que incorporar el caño Susumuco como fuente alternativa, con una capacidad anunciada de aproximadamente 400 litros por segundo. Que una ciudad tenga que destinar permanentemente recursos a solucionar problemas básicos significa que una parte importante de su capacidad financiera y administrativa se consume atendiendo déficits acumulados y, lo peor del caso, sin que se logre brindar una solución definitiva a la problemática. El desarrollo exige pasar de la lógica de reparar permanentemente a la lógica de planificar, prevenir y construir infraestructura resiliente.

10. Vulnerabilidad climática y crecimiento urbano desordenado

El desarrollo urbano de Villavicencio enfrenta un desafío adicional: las condiciones ambientales y geográficas del territorio. La expansión urbana hacia zonas vulnerables, la presión sobre ecosistemas, la ocupación informal del suelo y la exposición a inundaciones y movimientos en masa aumentan los costos que posteriormente deben asumirse con el presupuesto público. Cuando una ciudad no planifica adecuadamente su crecimiento, primero permite que aparezcan asentamientos y posteriormente debe invertir enormes cantidades de recursos para llevar vías, agua, alcantarillado, transporte, equipamientos y mitigación del riesgo.

Por estos días se habla mucho de la actualización del Plan de Ordenamiento Territorial (POT), por ser, sin lugar a dudas, un importante instrumento para darle orden al crecimiento de la ciudad durante la próxima década. Sin embargo, de nada nos sirve construir el mejor POT posible si la ciudad no tiene la capacidad administrativa, técnica, operativa y financiera para su implementación. El POT debe servir como instrumento para apalancar financieramente el desarrollo de la ciudad. Por lo tanto, la planificación urbana no es simplemente un asunto de urbanismo; es una política económica. Una ciudad que crece desordenadamente termina siendo más costosa de administrar y menos competitiva.

11. Dependencia de la conexión Bogotá–Villavicencio

La posición geográfica del Meta representa simultáneamente una de sus mayores ventajas y una de sus mayores vulnerabilidades. Villavicencio es la puerta de entrada a la Orinoquía, pero gran parte de su conexión económica con el centro del país depende de un corredor vial particularmente vulnerable a movimientos en masa y fenómenos naturales. Los cierres de la vía Bogotá–Villavicencio han demostrado repetidamente que una interrupción del corredor puede afectar el transporte, el abastecimiento, el turismo, el comercio y las actividades productivas.

En septiembre de 2025, por ejemplo, un deslizamiento provocó el cierre total del corredor y la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) informó inicialmente que no existía una fecha estimada para su reapertura. Esta situación demuestra que el Meta necesita pensar más allá de la carretera. La competitividad regional exige diversificación logística, infraestructura multimodal y conexiones alternativas que reduzcan la vulnerabilidad de la economía ante el cierre de un único corredor estratégico. Sin una vía estable, difícilmente llegarán inversionistas privados a instalarse en Villavicencio o cualquier otro municipio del departamento.

12. Pérdida de capital humano y débil cultura ciudadana

Finalmente, existe un factor que pocas veces aparece en los planes de desarrollo, pero que considero fundamental: el capital humano y el capital social. Una ciudad pierde competitividad cuando sus jóvenes más preparados sienten que, para desarrollar su carrera profesional, deben marcharse a Bogotá, Medellín, Cali, otras ciudades del país o incluso al exterior, en busca de las oportunidades que se les niegan en su propia tierra. El talento que se forma en el territorio con recursos públicos y que luego se fuga es, al mismo tiempo, causa y consecuencia del estancamiento.

Si los profesionales más capacitados se van, disminuye la capacidad local para crear empresas, investigar, innovar, ocupar posiciones técnicas y transformar las instituciones. Pero también necesitamos hablar de cultura ciudadana. El desarrollo no depende exclusivamente de alcaldes, gobernadores, concejales, diputados o congresistas; se requieren ciudadanos que tengan sentido de pertenencia por la ciudad y el departamento, que respeten las normas, participen en las decisiones públicas, ejerzan control social y exijan resultados. Una sociedad que tolera el clientelismo, normaliza la corrupción o considera que «así funcionan las cosas», o que incluso llega a justificarlo bajo la premisa de «que robe, pero que haga», termina reproduciendo el mismo sistema que critica.

La literatura económica ha estudiado ampliamente el fenómeno conocido como «maldición de los recursos» o «paradoja de la abundancia», el cual se relaciona con el hecho de que algunos territorios ricos en recursos naturales no necesariamente alcanzan mayores niveles de desarrollo institucional, diversificación productiva o bienestar para sus ciudadanos. El Meta, a pesar de ser un territorio con enormes recursos naturales y productivos, no ha logrado alcanzar un nivel de desarrollo acorde con su potencial, por lo que vale la pena preguntarnos si hemos utilizado nuestros recursos minero-energéticos para construir nuevas fuentes de riqueza y bienestar social o simplemente para financiar el funcionamiento del presente; un escenario que sugiere que el departamento está repitiendo esta clásica trampa económica.

«Una región verdaderamente desarrollada no es aquella que tiene abundancia de recursos naturales estratégicos; es aquella que utiliza dichos recursos para construir capital humano, infraestructura, empresas, conocimiento, tecnología e instituciones capaces de generar un círculo virtuoso de crecimiento incluso cuando esos recursos naturales disminuyan».

@DiegoVilla_CO

Los problemas descritos anteriormente no funcionan de manera independiente, se retroalimentan. La baja calidad institucional puede generar una mala asignación del gasto y el desvío de los recursos públicos, lo que limita el desarrollo de la infraestructura necesaria para impulsar el progreso y desarrollo, reduce la competitividad y, por ende, limita la generación de empleo formal. La falta de empleo de calidad aumenta la informalidad (rebusque), lo que, a su vez, reduce la productividad y la capacidad tributaria. La baja capacidad fiscal limita nuevamente la inversión pública, generando menos oportunidades y estimulando la migración de los jóvenes con mayor formación. Así se construye el círculo vicioso que nos mantiene atados al subdesarrollo.

Romper este círculo requiere algo más que cambiar de alcalde, gobernador o de partidos políticos. Necesitamos un nuevo contrato social basado en el mérito, la transparencia, la responsabilidad fiscal, la planeación de largo plazo, la innovación, la productividad y una participación ciudadana más activa. Necesitamos una administración pública en la que acceder a un cargo dependa de las capacidades y los resultados, y no de las relaciones políticas; empresarios que encuentren condiciones para invertir y crecer; y universidades conectadas con las necesidades reales del territorio.

Necesitamos ciudadanos que no solamente reclamen, sino que también participen y ejerzan control sobre lo público, y gobiernos que tengan la capacidad y, sobre todo, la voluntad de tomar decisiones que quizá no produzcan resultados electorales inmediatos, pero que puedan sentar las bases de una transformación real de la ciudad y el departamento de cara a los próximos quince o veinte años. El desarrollo departamental requiere fortalecer los municipios, las cadenas agroindustriales, la conectividad regional, el turismo, la producción rural y las capacidades institucionales de todo el territorio.

El verdadero desafío no es solamente hacer de Villavicencio una mejor ciudad; es construir un Meta más competitivo, productivo, innovador, equitativo y sostenible, en el que Villavicencio pueda ejercer plenamente su papel como capital regional y ancla para el desarrollo de la Orinoquía. Tenemos los recursos, la ubicación, el talento, empresarios, universidades, productores y ciudadanos con capacidad para transformar el territorio. Lo que todavía nos falta es convertir todo ese potencial en un proyecto colectivo de desarrollo de largo plazo.

¿Qué otros factores consideran ustedes que están frenando el desarrollo del Meta y de su capital, Villavicencio? ¿Qué estamos dejando por fuera de esta reflexión? Los leo.

La brecha entre cifras y realidad: el desafío de la seguridad en Villavicencio

Publicado en Colombia, Pobreza, Política, seguridad ciudadana, Villavicencio (Meta)Etiquetado como , , Deja un comentario

Durante el primer trimestre de 2026, la seguridad en Villavicencio vuelve a posicionarse como una de las principales preocupaciones ciudadanas. Aunque las autoridades municipales han destacado en los últimos días avances operativos, las cifras más recientes evidencian una realidad más compleja, marcada por incrementos en delitos de alto impacto y una percepción creciente de inseguridad.

De acuerdo con cifras de la Policía Nacional de Colombia, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses y reportes consolidados del Ministerio de Defensa Nacional, entre enero y marzo de 2026 se evidencian cambios significativos frente al mismo periodo de 2025:

  • Extorsión: creció de 62 a 83 casos, un aumento del 33,9%
  • Hurto a residencias: subió de 182 a 218 casos (+19,8%)
  • Muertes violentas: pasaron de 91 a 104 casos (+14,3%)
  • Hurto a personas: aumentó de 1.298 a 1.431 casos (+10,2%)

Estos delitos son especialmente sensibles porque afectan directamente la vida cotidiana, la tranquilidad en los hogares y la actividad económica. Por ello, son considerados de alto impacto, especialmente la extorsión y el hurto. En contraste, algunos indicadores muestran reducciones que no compensan el impacto de los delitos que más inciden en la percepción ciudadana:

  • Hurto a vehículos: bajó 50% (de 8 a 4 casos)
  • Hurto a comercio: cayó 22,3% (de 166 a 129 casos)
  • Hurto a motocicletas: disminuyó 6,3% (de 208 a 195 casos)
  • Homicidio: se redujo levemente 4,7% (de 43 a 41 casos)

En conjunto, los delitos de alto impacto (extorsión, hurtos y homicidios) pasaron de 1.967 casos en el primer trimestre de 2025 a 2.095 en el mismo periodo de 2026, lo que representa un aumento del 6,5%. A pesar de ello, en medios locales las autoridades han destacado capturas, operativos y reducciones puntuales como evidencia de una mejora en la seguridad.

Este enfoque, centrado en resultados operativos y comparaciones selectivas, presenta al menos tres problemas; 1. Prioriza los delitos que muestran reducción, mientras minimiza aquellos que están creciendo, como la extorsión y el hurto a personas, 2. Desconoce que, para el ciudadano promedio, el aumento en robos y extorsiones pesa más que la disminución en otros delitos, y 3. No visibiliza suficientemente los puntos críticos o barrios con mayor deterioro en seguridad, lo que limita la capacidad de la ciudadanía para anticipar y mitigar riesgos.

El incremento en delitos como el hurto a personas, el hurto a residencias y la extorsión tiene un efecto directo en la percepción de seguridad. Se traduce en una mayor sensación de vulnerabilidad en el espacio público, desconfianza en la capacidad institucional y cambios en los hábitos cotidianos, como la restricción de horarios, la movilidad y el consumo. Esto termina afectando la tranquilidad de los ciudadanos, turistas y el comercio en general, por lo que aunque algunos delitos disminuyen, la experiencia urbana deteriora la calidad de vida de los villavicenses.

Los datos del primer trimestre de 2026 sugieren que Villavicencio enfrenta un desafío estructural más que coyuntural: crecimiento de economías ilegales (extorsión), persistencia de delitos en espacio público (hurto a personas) y limitaciones en prevención y control urbano. Esto indica que no se trata solo de más operativos, sino de una estrategia integral de seguridad que hoy no resulta evidente para la ciudadanía.

En este contexto, las últimas administraciones han mantenido un enfoque tradicional basado en la construcción de Centros de Atención Inmediata – CAI y la entrega de vehículos y equipamiento como estrategia central para el fortalecimiento institucional. Sin embargo, la incorporación de tecnología —clave en los sistemas de seguridad de los principales centros urbanos del mundo— sigue siendo marginal, lo que limita la capacidad de respuesta frente a las nuevas dinámicas delictivas. No se debe desconocer que la Policía Nacional hace su mejor esfuerzo para garantizar la seguridad ciudadana. Sin embargo, sin las herramientas adecuadas dificilmente se puede avanzar en este propósito.

En conclusión, Villavicencio no está entre las ciudades más inseguras del país, pero tampoco entre las más seguras. Se encuentra en un punto intermedio, con señales claras de retroceso. Negar o maquillar esta realidad no resuelve el problema; por el contrario, retrasa las decisiones que se requieren con urgencia. Sin liderazgo, focalización territorial y una política de seguridad coherente con la realidad —con tecnología de punta e inteligencia policial como eje central de la lucha contra la delincuencia común y el crimen organizado—, dificilmente recuperaremos la confianza ciudadana. No olvidar que la inversión social, la reducción de la pobreza y el hambre y la generación de oportunidades para los jóvenes, son factores determinantes para una mejor convivencia ciudadana.

¿Considera que la seguridad ciudadana en Villavicencio ha mejorado o empeorado en el primer trimestre de 2026? y ¿Cualés deben ser las prioridades de la institucionalidad en pro de la mejora de la seguridad en Villavicencio?

Crisis social en el Meta: Aumenta la pobreza y disminuyen las oportunidades

Publicado en Colombia, Departamento del Meta, Empleo, Pobreza, seguridad ciudadanaEtiquetado como , , Deja un comentario

La Encuesta Nacional de Calidad de Vida (ECV) 2025, elaborada por el DANE, evidencia una grave crisis social en el departamento del Meta que se ha agudizado en el último año. Este deterioro responde al incremento en el costo de vida, la inestabilidad en el ingreso de las familias por las altas tasas de informalidad laboral y la carencia de políticas públicas que garanticen la inclusión económica y social de los más de 142 mil metenses excluidos de los beneficios del desarrollo. Los recursos de regalias no están impactando los hogares de los más necesitados, evidenciando deficiencias en la gestión del presupuesto público por parte de una clase dirigente que por su avaricia y codicia por los bienes terrenales, condena a miles de familias a la pobreza, el hambre y la exclusión.

Las familias con vivienda propia cuentan con una ventaja estratégica sobre aquellas que deben destinar una importante parte de sus ingresos al pago de alquileres, lo que reduce drásticamente su capacidad de consumo. Actualmente, el Meta ocupa la primera posición a nivel nacional en proporción de hogares que viven en arriendo (47,9%). Mientras el déficit habitacional en el país mejora, en el Meta se disparó del 28,2% al 33,4%. Esto significa que más de 134 mil hogares sufren algún tipo de privación de vivienda. Para cerrar esta brecha, se requiere la construcción de 37 mil viviendas nuevas y el mejoramiento de otras 97 mil. Además, la precariedad en servicios básicos es alarmante: 65 mil hogares carecen de agua mejorada y 37 mil no tienen alcantarillado.

La propiedad de vivienda en el Meta ha caído del 40,8% al 34,1% entre 2018 y 2025 afectando profundamente la calidad de vida y la sensación de bienestar. Entre 2024 y 2025, el porcentaje de jefes de hogar que se consideran pobres saltó del 20,4% al 25,1%. Este incremento del 23% en la percepción de pobreza contrasta con la reducción del 7% a nivel nacional. Mientras que en 21 de los 32 departamentos del país diminuyó el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) en el último año, en el Meta creció un 18%, siendo el Meta el departamento líder en incremento de la pobreza. Asimismo, la percepción de seguridad en barrios y veredas cayó del 82,9% al 80,7%. En salud, la afiliación al régimen contributivo bajó al 41,5%, reflejando una informalidad laboral que alcanza el 74,5% en cascos urbanos y un crítico 82% en la zona rural.

El futuro de la juventud metense enfrenta barreras críticas. La asistencia escolar en jóvenes de 17 a 21 años bajó al 41,4%, cifra muy inferior al promedio nacional (48,4%). Mientras Colombia mejora en acceso a educación superior, el Meta retrocedió al 32,1%. Urge crear oportunidades reales para que nuestros jóvenes no abandonen las aulas; de lo contrario, seguirán siendo un blanco fácil para los grupos armados irregulares y la delincuencia común.

A pesar de este desalentador panorama, el departamento muestra avances en tecnología. El acceso a internet en hogares subió al 78,8%, superando el promedio nacional (73,9%). El uso de internet en mayores de 5 años llegó al 84,4%, gracias a la competencia entre los diferentes operadores, lo que se traduce en menores tarifas de conectividad. Sin embargo, existe una brecha enorme entre contar con internet para el consumo (redes sociales y entretenimiento) y usarlo como herramienta productiva para mejorar las condiciones de vida de la población.

¿Qué dicen los indicadores de la gestión de Alexander Baquero como alcalde de Villavicencio?

Publicado en Colombia, Competitividad, Departamento del Meta, Empleo, Política, seguridad ciudadana, Villavicencio (Meta)Etiquetado como , , , , , , 1 comentario

A pocas semanas de cumplirse los dos primeros años de gobierno de Alexander Baquero, alcalde de Villavicencio, hacemos un recorrido por los principales indicadores que permiten analizar los avances y retos que enfrenta la Administración Municipal en medio de un proceso de revocatoria del mandato que definirá la suerte de la ciudad. Los indicadores se extraen de diversas fuentes como el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), el Departamento Nacional de Planeación (DNP), el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (INMLCF), el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), el Observatorio Nacional de Seguridad Vial (ONSV) y el Consejo Privado de Competitividad.​

Seguridad y Convivencia

De acuerdo con el Instituto Nacional de Medicina Legal, Villavicencio presenta una tendencia preocupante en materia de seguridad y violencia. Entre 2023 y 2025, la ciudad registró un incremento del 36% en homicidios, muy superior al crecimiento promedio del 5% en las 32 ciudades capitales para el mismo período. En cuanto a la tasa de homicidios, en 2025 Villavicencio registró 19,5 por cada 100.000 habitantes, superando la tasa promedio de las capitales, que fue de 18,1 por cada 100.000 habitantes. Respecto a las muertes violentas, la ciudad tuvo un aumento del 27%, al registrar 288 casos en 2025 (la cifra más alta en su historia) frente a 226 en 2023, superando el crecimiento promedio del 4,6% en las capitales del país.

En cuanto a indicadores de violencia no fatal, Villavicencio se posiciona en 2025 como la cuarta ciudad del país con el mayor número de casos de violencia contra niños, niñas y adolescentes; la quinta en violencia interpersonal, y la sexta en violencia de pareja y violencia intrafamiliar, superando incluso a ciudades como Cartagena, Cúcuta, Bucaramanga, Santa Marta y Valledupar. Estos datos subrayan que Villavicencio se ubica entre las ocho ciudades más violentas del país, enfrentando desafíos de seguridad pública que superan la media nacional, especialmente en homicidios y violencia en el núcleo familiar, lo cual requiere medidas focalizadas y priorizadas para revertir esta alarmante tendencia.

Costo de Vida (Índice de Precios al Consumidor – IPC)

Villavicencio se consolida en 2025 como la tercera ciudad del país con mayor incremento en el costo de vida. Los precios de comidas fuera del hogar siguen al alza, impulsados por sobrecostos debidos al prolongado desabastecimiento de agua y al incremento en las tarifas de servicios públicos. Asimismo, el alza en alimentos y bebidas no alcohólicas, educación, salud, muebles y enseres para el hogar encarece la canasta familiar de los villavicenses. Este comportamiento evidencia una inflación local de naturaleza estructural, relacionada especialmente con el costo de servicios básicos como agua potable, energía, aseo urbano, salud y educación. Los hogares de ingresos medios y bajos son los más vulnerables, pues destinan una mayor proporción de sus ingresos a la provisión de servicios vitales.

Índice de Competitividad de Ciudades (ICC 2025)

El desempeño de Villavicencio en el ICC 2025 muestra, en términos generales, un balance negativo al descender una posición en el ranking nacional, pasando del puesto 19 al 20 en el período 2024-2025. Los mayores retrocesos se presentaron en los pilares Entorno para los negocios y Sostenibilidad ambiental, con una caída de siete posiciones en cada uno en el ranking nacional, y en el pilar Tamaño de mercado donde la ciudad perdió dos posiciones. Sin embargo, Villavicencio mostró una mejoría en el pilar Educación básica y media, ganando cuatro posiciones (puesto 14), y en el pilar Salud avanzó dos posiciones (puesto 17).

Índice de Ciudades Modernas (ICM 2025)

Villavicencio continúa en el puesto 21 entre las 32 ciudades capitales del país. En el último año, la ciudad presenta un retroceso en tres de las seis dimensiones del modelo que mide los avances en desarrollo urbano integral y la capacidad de gestión del gobierno local. Competitividad y Complementariedad, Seguridad, Productividad y Equidad e Inclusión Social son los indicadores que revelan el mal momento por el que atraviesa la ciudad. Villavicencio ocupó el puesto 20 en el ICM 2020, por lo que este ranking, elaborado por el DNP, confirma que la ciudad no solo ha quedado rezagada frente a otras capitales del país, sino que retrocede en indicadores clave para su desarrollo integral.

Empleo e Informalidad Laboral

En el último año, Villavicencio tuvo una caída en la tasa de desocupación de -3,6 p.p., siguiendo la tendencia nacional (-1,7 p.p.). Sin embargo, la informalidad laboral se ubicó en 51,5%, sin variación en el último año, evidenciando un problema estructural que afecta la calidad de vida de los villavicenses. Asimismo, en el mismo período se presentó una caída en la Tasa Global de Participación (TGP) del 66,9% al 65,8%, lo que indica que la población en busca activa de empleo ha disminuido (y, por ende, disminuye la tasa de desocupación). La carencia de una política de reindustrialización, la escasa atracción de inversión nacional y extranjera, un ecosistema emprendedor incipiente y la falta de estrategias de formalización empresarial y laboral desincentiva a la mano de obra calificada, que opta por migrar o desiste de la búsqueda de empleo, mientras la población pobre y vulnerable recurre a la informalidad.

Desempeño Fiscal (IDF e IVF 2024)

El IDF revela un deterioro en el desempeño financiero y fiscal del municipio durante el primer año de gobierno de Alexander Baquero, al pasar de 68,3 a 60,7 puntos en el período 2023-2024 (caída de 7,5 p.p.). Villavicencio pasó del puesto 9 en 2023 al 16 en 2024, a tan solo 0,6 puntos de ingresar a la categoría de municipios en alto riesgo financiero y fiscal. Este deficiente desempeño se explica por la pérdida de holgura fiscal (-90%), menor ahorro corriente (-10%), incremento en el endeudamiento de largo plazo (+31%) y un déficit excesivo que pone en riesgo la sostenibilidad financiera.​

Por otra parte, el Informe de Viabilidad Fiscal (IVF 2024) del Ministerio de Hacienda revela que Villavicencio registró un incremento del 22% en la relación entre gastos de funcionamiento e ingresos de recaudo propio entre 2023 y 2024, el mayor crecimiento reportado entre todas las ciudades capitales, superando significativamente el promedio nacional. Asimismo, Villavicencio figura entre las tres capitales con mayores montos de recursos del Sistema General de Regalías sin ejecutar durante el bienio 2023-2024, lo que sugiere limitada capacidad de ejecución en proyectos de inversión, debilidades en planeación y preparación de proyectos, e incapacidad técnica y administrativa para invertir oportunamente los recursos.

Desempeño Institucional (IDI 2024)

Villavicencio descendió dos posiciones en el ranking nacional, pasando del puesto 22 al 24 entre las ciudades capitales. Este retroceso refleja que, aunque mejoró ligeramente su IDI (de 63,47 a 64,81 puntos, +2,1%), otras capitales avanzaron a un ritmo más acelerado. El IDI promedio de las capitales creció de 70,70 a 74,28 puntos (+5,1%). Las mayores fortalezas de Villavicencio se concentraron en la producción y retención del conocimiento del talento humano, mientras se evidencia debilitamiento en la transformación digital y modernización de servicios ciudadanos.

Índice Subnacional de Emprendimiento (ISEM 2025)

Villavicencio perdió una posición en el ranking nacional de emprendimiento, pasando del puesto 17 en 2024 al 18 en 2025 entre 23 ciudades analizadas. Su peor desempeño fue en el pilar Financiamiento (del 13 al 18, con 2,08/10 puntos). En Capital humano, habilidades y competencias ocupa la última posición (2,52 puntos). En Adopción tecnológica e innovación intraempresa ocupa el puesto 20 por bajo nivel de adopción tecnológica y escasa innovación empresarial. En Desempeño emprendedor, igualmente, ocupa el puesto 20 dados los escasos resultados de los emprendimientos una vez materializados y su bajo impacto social y económico. Asimismo, Villavicencio ocupa la última posición en el indicador Grupos de investigación y el puesto 21 en Investigadores per cápita y Registros de patentes concedidas. Paradójicamente, la ciudad ocupa la primera posición en el indicador Regalías para Ciencia, Tecnología e Innovación – CTeI.

Infraestructura y Seguridad Vial

Villavicencio registró 109 fallecidos en accidentes de tránsito entre enero y septiembre de 2025, con una tasa de 18,7 por cada 100.000 habitantes, muy por encima del promedio de las ciudades capitales (9,5 por cada 100.000). En 2024 hubo 91 fallecidos en el mismo período (+19,8%, 18 casos más), frente al crecimiento promedio del +4,7% en las capitales del país. Por ello, es la quinta ciudad del país con más muertes en accidentes de tránsito, superando a ciudades con mayor densidad poblacional como Barranquilla, Bucaramanga y Cúcuta.

Aunque hay otros temas para los que no existen indicadores actualizados, los villavicenses no perciben avances en aspectos neurálgicos como la carencia de agua potable, control del espacio público, deterioro de la malla vial, falta de modernización de la red semafórica, transparencia en el uso de los recursos públicos, gasto excesivo en fiestas y eventos mediáticos, y la privatización del servicio de patios y grúas, entre otros. Esto ha contribuido a generar una imagen negativa de la Administración municipal en el inconsciente colectivo.

No se evidencia interés por parte de la Administración Municipal en la gestión de recursos nacionales, de cooperación internacional u otras fuentes para financiar soluciones a los principales problemas que aquejan a los ciudadanos. Por el contrario, iniciativas como el Hospital de La Paz (trasladado a Cumaral por falta de gestión), el nuevo punto de captación de agua potable o el parque solar (sin operar) revelan ineficiencia administrativa.

Los concejales de Villavicencio, que le cuestan a la ciudad más de $5.300 millones al año y que deben ejercer control político y velar por los intereses ciudadanos, han guardado silencio ante una Administración negligente. Por el contrario, han tomado decisiones cuestionables como la privatización del servicio de patios y grúas, y la aprobación de un nuevo endeudamiento por más de $90 mil millones, que se suma a los $89,7 mil millones de deuda al cierre de la vigencia 2024.

A pesar de ejecutar recursos por más de dos billones de pesos, la mayoría de proyectos estratégicos del Plan de Desarrollo no han iniciado ejecución: Galería Comercial Porfía, 11 CAIs, dos estaciones de Policía, tres Centros de Desarrollo Integral (CDI), Centro de Convenciones, Centro de Atención para Personas en Condición de Discapacidad, Hospital de la Paz, reubicación del cementerio central, nuevo edificio de la Alcaldía, reubicación de la cárcel municipal, revitalización de la zona Centro y Cristo Rey, y mejoramientos viales en El Barzal, El Buque, paralela de la calle 35, avenida 33 (Postobón) y calle 5 de Villa Bolívar, entre otros.

Esta situación genera preocupación, pues se corre el riesgo de repetir la historia de los proyectos de la anterior Administración, que, aunque con deficiencias en planeación, el Alcalde de Villavicencio no ha tenido la voluntad política para concluirlos, generando un detrimento patrimonial para el municipio. Finalmente, de la Administración Municipal esperamos que se corrija el rumbo con decisión, de la comunidad en general un mayor sentido de pertenencia por nuestra ciudad, y a la clase dirigente recordarles que lo público debe ser un medio para servir a la sociedad en su conjunto, más que para satisfacer necesidades individuales. Villavo la Bella es el espacio donde convivimos más de medio millón de personas; la ciudad que construimos día a día con esfuerzo y dedicación de cada uno de quienes la habitamos, y por lo tanto, debe ser la mejor herencia para las futuras generaciones de propios y visitantes.

20 Retos que enfrenta Alexander Baquero como Alcalde de Villavicencio 2024-2027

Publicado en Colombia, Departamento del Meta, EAAV, Empleo, Movilidad, Pobreza, Política, seguridad ciudadana, Turismo, Villavicencio (Meta)Etiquetado como , , Deja un comentario

Para nadie es un secreto que Felipe Harman entrega el municipio de #Villavicencio con cifras historicas de endeudamiento y un retroceso en materia de seguridad, empleo, movilidad, entre otras problemáticas causadas por la inoperancia, improvisación, inexperiencia y carente gestión que caracterizaron su estilo de gobierno. Los villavicenses no soportamos cuatro años más sin que se resuelvan los problemas neurálgicos que afectan de manera directa la calidad de vida de todos y cada uno de quienes habitamos la ciudad, por lo que el control social debe ser irrestricto y sin contemplaciones a la hora de exigir resultados.

Esto implica que el Alcalde entrante, Alexander Baquero Sanabria, tiene tres asuntos prioritarios en su primer año de gobierno; primero, construir un Plan de Desarrollo concertado con las comunidades, la academia, gremios y demás actores económicos, políticos, sociales, culturales y ambientales; segundo, avanzar de manera rápida en las victorias tempranas que permitan demostrar su capacidad de gestión en los primeros cien días de gobierno; y tercero, resolver de manera oportuna los problemas heredados de la anterior Administración, que podrían generar tropiezas y afectar disciplinaria, fiscal y penalmente a los funcionarios entrantes.

Para afrontar este importante reto el Alcalde requiere un equipo de alto rendimiento, proactivo, capaz de superar rápidamente la curva de aprendizaje y con la capacidad de gestionar y poner en marcha, en articulación con el gobierno nacional, departamental y la cooperación internacional, los proyectos estratégicos que conduzcan a avances significativos en la mejora en la calidad de vida de los villavicenses.

En este post menciono los 20 retos más relevantes que considero enfrentará el nuevo Alcalde y que servirán para medir su gestión en el corto, mediano y largo plazo son:

Servicios Públicos

1. Garantizar el suministro permanente de agua potable a hogares y empresas.

Seguridad Ciudadana

2. Disminuir las altas tasas de inseguridad que presenta la ciudad, especialmente el hurto a personas, hurto a motocicletas, homicidios y tráfico de estupefacientes, a partir del uso de la tecnología y labores de inteligencia. Por lo tanto, es importante recuperar el sistema de cámaras de videovigilancia, fortalecer el centro de mando y control y fortalecer las capacidades de inteligencia y contrainteligencia de la fuerza pública.

Movilidad y Transporte

3. Modernización de la red semafórica con sistema inteligente que permita ajustar los tiempos al flujo vehicular en las diferentes horas del día. Lo anterior, acompañado de un mejor comportamiento de los actores viales y la organización del tráfico podrían conducir a la suspensión del pico y placa.

4. Construcción de pasos a nivel en intersecciones viales que permitan mejorar el flujo vehicular. Se podrían priorizar las intercepciones del antiguo Hotel Rosado, ingreso al sector de Amarilo y el Parque de Banderas.

5. Reemplazo de la capa asfáltica en las principales vías urbanas de la ciudad. Villavicencio no resiste cuatro años más de sólo reparcheos en su malla vial.

6. Organización del transporte público urbano de pasajeros para evitar la guerra del centavo que afecta la movilidad. Se debe establecer con concesionarios de transporte urbano la fijación de un salario fijo para conductores de autobuses y establecer los paraderos para cargue y descargue de pasajeros.

7. Adoptar una campaña de seguridad y cultura vial que disminuya los índices de accidentalidad y fatalidad en las vías del municipio.

8. Gestionar ante el Gobierno Nacional la meta del Plan Nacional de Desarollo de construir un aeropuerto de carga y pasajeros para Villavicencio, lo que dinamizará el turismo con el ingreso de nuevos operadores aéreos.

Competitividad y Generación de Empleo

9. Disminuir la tasa de desempleo e informalidad laboral, sentando las bases para la transformación del aparato productivo a partir de la generación de valor agregado.

10. Consolidar el ecosistema emprendedor de la ciudad que brinde oportunidades de empleo y autoempleo, especialmente a jóvenes, mujeres cabeza de hogar y discapacitados.

11. Seguridad alimentaria a partir del incremento del área de producción agropecuaria, generando nuevos empleos y un mejor aprovechamiento de las capacidades locales.

12. Potenciar la industria del turismo, especialmente el turismo educativo, de salud y de naturaleza para la generación de nuevos puestos de trabajo.

Educación

13. Avanzar en la estrategia de bilingüismo y formación en nuevas tecnologías para la cuarta revolución industrial en escuelas y colegios públicos y la implementación de la doble jornada educativa.

Medio Ambiente

14. Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales – PTAR que evite que las aguas negras de la ciudad descolen en el Río Ocoa sin el más mínimo tratamiento como ocurre actualmente.

15. Descontaminación de los ríos y quebradas que recorren la ciudad a partir de la conexión al servicio de alcantarillado de viviendas y empresas ubicadas en las riberas de los afluentes hídricos.

Salud

16. Mejorar y ampliar la capacidad de atención en salud de primer nivel con la prestación de servicios especializados como pediatría, ginecología y obstetricia y dotación de equipos de diagnóstico en los centros de salud del municipio.

Espacio Público

17. Avanzar en la reubicación de vendedores informales garantizando sus formalización, mejorando su ingresos y a su vez, recuperando el espacio público.

18. Embellecimiento de la ciudad a partir de labores de ornato en parques, andenes, mantenimiento de la infraestructura pública, etc., a partir de la revisión del contrato con Bioagrícola del Llano o la creación de una Oficina de Ornato Municipal.

Vivienda

19. Disminuir el déficit de vivienda con una estrategia que permita el acceso a vivienda propia a la clase media y familias de escasos recursos económicos, con especial énfasis en los hogares ubicados en zonas de alto riesgo.

Cultura y Deporte

20. Fortalecer escuelas deportivas, academias de danza y folclor y demás iniciativas que fomenten el deporte y la cultura en articulación con colegios y escuelas de la ciudad, de tal forma que haga parte del proceso de formación integral de niños, niñas y adolescentes.

Finalmente, son cuatro años en los que se puede avanzar de manera satisfactoria en estos 20 frentes de trabajo, para lo cual dispone de un presupuesto anual superior a un billon de pesos, y aunque no es una tarea fácil, lo más importante es contar con la voluntad política, la capacidad de gestión, de resolución de problemas y la generación de estrategias innovadoras para sacar adelante la ciudad y posicionar a Villavicencio como un referente de desarrollo de la Orinoquía y del país.

¿Qué otros retos se deben tener en cuenta para evaluar la gestión de la actual Administración de Villavicencio?

¿Cómo podemos mejorar la seguridad en Villavicencio? Siete estrategias de intervención

Publicado en Colombia, Departamento del Meta, seguridad ciudadana, Villavicencio (Meta)Etiquetado como , Deja un comentario

Villavicencio se encuentra dentro de las cinco ciudades más inseguras del país de acuerdo a las últimas estadísticas reveladas por el DANE (2023) y presentó la mayor variación en el Índice de Percepción de Inseguridad a nivel nacional. Para el primer trimestre de 2023 más del 72% de los villavicenses consideraron sentirse inseguros en la ciudad, mientras que la tasa promedio nacional de este indicador es inferior al 53%.

Las estadísticas de criminalidad de la Policía Nacional evidencian que no es sólo un problema de percepción, la realidad es que en Villavicencio el hurto a personas se ha incrementado en un 30% en los últimos cinco años al pasar de 1.183 hurtos en los cuatro primeros meses de 2018 a 1.901 hurtos en el mismo periodo de 2023 (16 denuncias de hurto a personas diariamente). Asimismo, la ciudad presenta un incremento superior al 50% en el hurto a motocicletas en los últimos cinco años, al pasar de 166 motos hurtadas en los cuatro primeros meses del año 2018 a 252 motos hurtadas en el mismo periodo de 2023 (un promedio de dos motocicletas hurtadas diariamente).

Estadísticas de hurto a personas durante los cuatro primeros meses de cada año (de 2018 a 2023). Fuente: Policía Nacional de Colombia.

Estas cifras podrían ser superiores si se tiene en cuenta que muchos ciudadanos no denuncian por considerar que las autoridades no les aportará ninguna solución. Los esfuerzos de la actual administración municipal por paliar el problema se ha reducido a la construcción de nuevos CAI y la dotación de motocicletas y cascos a las unidades de la Policía Nacional, por lo que no se han obtenido mayores resultados y por el contrario, la delincuencia cada día que pasa se toma a sus anchas la ciudad y de paso, le roba la tranquilidad a los villavicenses.

Lea también: (Villavicencio en crisis. Cinco indicadores que revelan el deterioro en la calidad de vida de los villavicenses en el 2023)

Es por esto que en este post propongo siete estrategias que podrían ayudar a disuadir a la delincuencia en Villavicencio.

  1. Modernizar la red de cámaras de videovigilancia. Villavicencio cuenta con 353 cámaras de videovigilancia de las cuales 254 se encuentran fuera de servicio. Estos equipos tecnológicos permiten hacer un monitoreo en tiempo real y se convierten en un insumo para judicializar a los  delincuentes. Importantes ciudades del mundo como Londres (UK), Toronto (Canadá), Berlín (Alemania),  Sydney (Australia) y Los Ángeles (EE.UU), manejan un promedio de entre tres y cinco cámaras de seguridad (CCTV) por cada 1.000 habitantes. Villavicencio dispone de 0,6 CCTV por cada 1.000 habitantes y si contamos las que realmente funcionan, la cifra se reduce a tan sólo 0,2 CCTV por cada 1.000 habitantes. Por lo tanto, la ciudad requiere de manera urgente recuperar las 254 cámaras que se encuentran fuera de servicio y la adquisición de por lo menos 1.300 cámaras adicionales en los próximos cuatro años, para llegar por lo menos a tres CCTV por cada 1.000 habitantes.
  2. Fortalecimiento del centro de monitoreo de la Policía Metropolitana de Villavicencio. Para lograr un mayor aprovechamiento del sistema de CCTV se requiere la modernización y fortalecimiento del Centro de Monitoreo de la Policía Nacional. Las inversiones en esta estrategia deben conducir a: I. Dotación de tecnología de punta para el reconocimiento facial y seguimiento de vehículos a partir del uso de Inteligencia Artificial, II. Vincular un equipo humano altamente calificado que permita analizar en tiempo real información de actos delictivos las 24 horas del día y los siete días de la semana, y III. Dotación de drones híbridos de última tecnología que permitan el seguimiento de vehículos y personas.
  3. Inversión de cantidad y calidad de la fuerza pública. Villavicencio no sólo requiere ampliar el pie de fuerza de la Policía Nacional que garantice una mayor eficiencia en términos de seguridad ciudadana, la ciudad debe contar con agentes de policía formados y especializados en labores de inteligencia y contrainteligencia que les permita ser más efectivos a la hora de desarticular las bandas criminales. Por lo tanto, la inversión se debe hacer en tres frentes de trabajo: I. Ampliación del número de agentes de Policía disponibles, II. Invertir en formación en inteligencia y contrainteligencia, y III. Dotar a la Policía y Fiscalía de herramientas de última tecnología para la interceptación de comunicaciones y la lucha contra el crímen organizado.
  4. Militarización de sitios vedados para las autoridades. En Villavicencio existen más de 20 sectores de expendio de drogas que abastecen a los consumidores de estupefacientes, convirtiéndose en espacios vedados para las autoridades y que son aprovechados por los delincuentes como guarida una vez cometidos los delitos. Es por esto que se deben tomar medidas como la militarización de los sectores críticos que sirvan como refugio para los delincuentes. Asimismo, hacer presencia estatal con inversión social, mejoramiento de la infraestructura urbana, instalación de cámaras de videovigilancia y el registro de personas y vehículos que ingresan y salen de estos sectores.
  5. Padrón municipal. Villavicencio carece de un sistema de información que permita llevar un registro detallado de las personas que habitan en la ciudad, los vehículos que transitan por sus vías (motocicletas, taxis, buses y busetas y demás vehículos particulares) y los datos de propietarios y conductores de vehículos. El padrón municipal es un mecanismo administrativo que existe en países como España y México, en el cual el ciudadano se empadrona o registra ante la autoridad municipal para acceder a servicios de salud, educación, entre otros trámites antes las entidades del Estado. Esta información es útil no sólo para identificar las necesidades de la población a través de georeferenciación, sino que es útil a la hora de combatir la delincuencia común.
  6. Programa de resocialización de habitantes de calle. En el año 2020 el DANE logró censar 713 habitantes de la calle en Villavicencio y se estima que la cifra ha venido creciendo de manera significativa en los últimos años, generando el incremento de delitos como el hurto a cableado eléctrico, infraestructura semafórica, medidores de agua, tapas de alcantarillas, autopartes, etc. Por lo tanto, se requiere una inversión pública en la creación de un programa de resocialización que permita, de manera sostenida en el tiempo, reducir esta población a partir de alianzas con entidades especializadas como la Fundación la Luz, Corporación Casa del Alfarero, entre otras.
  7. Programa de resocialización de población carcelaria. Las cárceles del país históricamente no han cumplido con sus función de resocialización de la población privada de la libertad. Por el contrario, la delincuencia encuentra en las cárceles el espacio propicio para  generar nuevas alianzas criminales que amplían su capacidad delictiva. De acuerdo a un estudio de la Universidad de los Andes (2019) el 60% de las personas que salen de la cárcel regresan a ella en los tres años siguientes. Por lo tanto, se requiere en alianza con el SENA e instituciones de formación técnica, tecnológica y universitaria, generar un programa de formación por competencias que le permita a las personas privadas de la libertad aprender nuevos oficios mientras purgan sus penas, para que una vez recuperen su libertad puedan optar por rehacer sus vidas, evitando la reincidencia en el delito.

Finalmente, la cooperación ciudadana es fundamental en la lucha contra la criminalidad, por lo que se debe continuar con los programas de recompensa por información que permita a las autoridades ser más efectivas y que redunde en una Villavicencio más próspera, segura e incluyente.

No hay que olvidar que la seguridad no es sólo un indicador relevante a la hora de medir la calidad de vida de los ciudadanos, la seguridad es un elemento indispensable para una ciudad que aspira a convertirse en un destino turístico de talla mundial.

¿Qué otras estrategias considera se pueden implementar para reducir los índices de criminalidad en Villavicencio en los próximos cuatro años?