Durante los últimos años he tenido la oportunidad de analizar la evolución de diferentes indicadores que permiten aproximarnos, con mayor objetividad, al desempeño del departamento del Meta y de su capital, Villavicencio, en sus dimensiones económica, política, social, institucional, ambiental, tecnológica y territorial. Los resultados, en muchos casos poco satisfactorios, nos llevan a reflexionar sobre por qué una de las regiones más ricas del país, que cuenta con ventajas comparativas únicas, no ha logrado traducir su enorme potencial en mayores niveles de desarrollo y bienestar para sus ciudadanos.

La pregunta es especialmente relevante cuando observamos problemas persistentes relacionados con la calidad del empleo, la informalidad, la seguridad, la infraestructura, la movilidad, los servicios públicos, la productividad, la diversificación del tejido empresarial, la innovación, la capacidad institucional y la transparencia en la gestión de los recursos públicos. Esto no significa desconocer que en los últimos años Villavicencio y el Meta han experimentado algunos avances y que existen empresas, instituciones, universidades, organizaciones sociales y ciudadanos que trabajan diariamente por el desarrollo de la región. Sin embargo, los avances puntuales no han sido suficientes para transformar las condiciones estructurales que limitan el desarrollo de la ciudad y el departamento.

Villavicencio tiene una posición geoestratégica privilegiada como principal centro urbano del Meta y como puerta de entrada a la Orinoquía colombiana. El departamento, a su vez, cuenta con recursos naturales, producción agropecuaria, biodiversidad, potencial turístico y agroindustrial y una población con capacidades que podrían convertirse en motores de crecimiento y desarrollo. A esto se suma el potencial para avanzar en la generación de energías limpias y en la transición hacia una matriz energética más diversificada y sostenible. Sin embargo, seguimos enfrentando problemas que llevan décadas sin resolverse completamente. Aunque, a mi juicio, existen múltiples causas, considero que hay 12 factores relevantes que actúan como freno al desarrollo de Villavicencio y del Meta.

1. Corrupción y captura de lo público

El primer factor, y posiblemente el más importante, es la corrupción. Cuando los recursos públicos dejan de asignarse exclusivamente de acuerdo con criterios de necesidad, impacto social, eficiencia y rentabilidad pública, la capacidad del Estado para transformar el territorio se reduce considerablemente. La corrupción no solamente significa que alguien se apropie ilegalmente de los recursos públicos. También puede manifestarse en decisiones que privilegian intereses particulares sobre el interés colectivo, en contratación deficiente, en obras que no responden a las verdaderas necesidades de la población, en sobrecostos, retrasos o proyectos que terminan sin cumplir adecuadamente su propósito.

El costo de esta práctica va mucho más allá del dinero perdido. Cada peso que no produce el beneficio social para el cual fue destinado representa una oportunidad perdida; una beca que no se financia, una vía que no se construye, un sistema de agua que no se mejora, un emprendimiento que no se apalanca, un colegio que no se fortalece o una infraestructura de salud que no se desarrolla. La corrupción también destruye la confianza de los ciudadanos cuando perciben que sus impuestos no se traducen en mejores servicios, seguridad, infraestructura y oportunidades, lo que disminuye la legitimidad institucional y deteriora el contrato social. La corrupción, por tanto, no es solamente un problema jurídico o moral; es un problema que impacta de manera directa el desarrollo económico y social de la ciudad y la región.

2. Clientelismo y debilitamiento del mérito

Muy relacionado con lo anterior aparece un segundo problema: el clientelismo. Durante décadas se ha construido en el Meta y en Villavicencio una relación perversa entre política y acceso a oportunidades laborales, contratos y posiciones dentro de las entidades públicas. Cuando el mérito deja de ser el principal criterio para acceder a las instituciones del Estado y es reemplazado por relaciones políticas, familiares o personales, la administración pública pierde capacidad técnica. El problema no es solamente quién obtiene un cargo; el problema es que el funcionario o contratista puede no tener los incentivos para alcanzar su mejor desempeño, por lo que terminamos construyendo una institucionalidad incapaz de resolver adecuadamente los problemas de los ciudadanos.

Una administración moderna necesita profesionales capaces de formular proyectos, gestionar recursos, utilizar información para la toma de decisiones, incorporar tecnología, evaluar resultados y resolver problemas complejos. Si el acceso a las oportunidades depende fundamentalmente de pertenecer a una u otra casa política, el incentivo para los ciudadanos termina siendo perverso: en lugar de invertir en formación, experiencia y mérito, pueden percibir que resulta más rentable construir relaciones políticas. De esta manera se reproduce un círculo difícil de romper: el resultado es una pérdida progresiva de capacidad institucional y, al mismo tiempo, una fuga de profesionales que no encuentran espacios para desarrollar su talento.

3. Baja capacidad institucional y burocratización

Una administración pública eficiente no se mide por el número de funcionarios que tiene en su nómina, sino por su capacidad para generar resultados. Sin embargo, la realidad es que cada nuevo gobierno incorpora estructuras, cargos y dependencias, incrementando los gastos de funcionamiento sin realizar previamente una revisión profunda de las necesidades reales de la organización. Esto puede terminar generando administraciones más costosas y, paradójicamente, menos eficientes. El problema también está relacionado con la baja apropiación tecnológica, la persistencia de procesos administrativos que no generan valor para los ciudadanos, la limitada utilización del trabajo flexible y la ausencia de soluciones que permitan hacer más con los mismos recursos.

En 2025, Villavicencio registró Ingresos Corrientes de Libre Destinación (ICLD) por $264,8 mil millones, mientras que sus gastos de funcionamiento ascendieron a $154,2 mil millones, equivalentes al 58% de sus ICLD. Esta proporción resulta elevada frente a la registrada por otras ciudades intermedias como Manizales (30%), Pereira (32%), Tunja (36%), Ibagué (42%) o Bucaramanga (29%). Este dato revela que una proporción significativa de la capacidad fiscal de la ciudad termina destinada a sostener su propia estructura administrativa, limitando la capacidad de financiar las transformaciones que se requieren. Una administración pública moderna debería buscar permanentemente simplificar procesos, digitalizar servicios, evaluar resultados y optimizar sus gastos de funcionamiento, de manera que cada peso destinado a la administración se traduzca en mayor valor para los ciudadanos.

4. Ineficiencia en la asignación del gasto público

Incluso cuando los recursos se ejecutan respetando el marco legal, todavía existe una pregunta fundamental; ¿Estamos gastando el dinero público en aquello que genera el mayor beneficio para la sociedad?. Esta es una discusión diferente a la corrupción. Una administración puede ejecutar correctamente su presupuesto y, aun así, asignarlo de manera ineficiente. El desarrollo requiere priorizar inversiones capaces de generar efectos multiplicadores; educación de calidad, infraestructura estratégica, innovación, productividad empresarial, primera infancia, formación de capital humano, seguridad, movilidad, servicios públicos y adaptación al cambio climático.

El problema aparece cuando las administraciones se concentran en resolver permanentemente las urgencias del presente y dejan de construir las soluciones estructurales del futuro. Reparar una vía es necesario, pero si esa misma vía debe repararse varias veces en un corto periodo de tiempo, debemos preguntarnos si estamos solucionando el problema o simplemente administrándolo. Cada año, el departamento del Meta y sus 29 municipios invierten miles de millones de pesos en festivales, conciertos y otras actividades de ocio que podrían ser cofinanciadas por la iniciativa privada. Sin embargo, proyectos que son prioritarios y estratégicos para el territorio se quedan sin presupuesto para su ejecución.

5. Baja capacidad fiscal y dependencia de recursos externos

Una ciudad que quiere desarrollarse necesita contar con una estructura fiscal sólida. No basta con tener grandes presupuestos. Es necesario disponer de ingresos propios suficientes, sostenibles y administrados eficientemente. Una baja capacidad de recaudo limita la autonomía de las administraciones y aumenta la dependencia de transferencias, regalías y otras fuentes externas. Esto es particularmente relevante en un territorio como el Meta, que durante décadas ha recibido importantes recursos asociados a la explotación de hidrocarburos. Sin embargo, se encuentra en riesgo de descender de primera a segunda categoría político-administrativa y fiscal por no alcanzar un recaudo impositivo propio que se ajuste a lo exigido por la normatividad y la ley.

Las regalías pueden convertirse en una extraordinaria oportunidad de desarrollo, pero solamente cuando se transforman en infraestructura, capital humano, innovación, productividad y nuevas fuentes de riqueza. El propio Departamento Nacional de Planeación (DNP) ha identificado la necesidad de fortalecer la capacidad territorial para optimizar el manejo de las regalías, mejorar la articulación de los proyectos en el departamento del Meta y evitar la atomización de los recursos en un centenar de proyectos de bajo impacto económico y social. La pregunta no debería ser cuánto dinero recibe el territorio, sino cuánta riqueza permanente estamos construyendo con dichos recursos. No hay que olvidar que el petróleo es un recurso no renovable y que, en unos años, no contaremos con esta importante fuente de ingresos para apalancar el tan anhelado desarrollo.

6. Un aparato productivo poco diversificado y de baja productividad

El Meta tiene una enorme capacidad productiva. Sin embargo, contar con recursos naturales y actividades económicas importantes no significa necesariamente tener una economía diversificada y sofisticada. Una economía vulnerable es aquella que depende excesivamente de pocas actividades, pocos mercados o pocos productos. La verdadera transformación económica requiere avanzar hacia actividades de mayor valor agregado, fortalecer las cadenas agroindustriales, desarrollar servicios especializados, impulsar el turismo sostenible y aprovechar las ventajas logísticas y territoriales de la Orinoquía. Villavicencio se caracteriza por una alta concentración de su actividad económica en el comercio y los servicios de bajo valor agregado, una constante pérdida de empleos en el sector industrial y un monopolio de la facturación en las grandes superficies donde no se comercializan productos locales.

El reto consiste en pasar de vender principalmente materias primas a producir conocimiento, tecnología, servicios y productos más sofisticados. Esto también implica aumentar la productividad de las empresas existentes. Una empresa pequeña no necesariamente tiene que convertirse en una gran empresa para aportar al desarrollo, pero sí necesita mejores procesos, tecnología, acceso a financiación, talento humano capacitado y posibilidades de integrarse a mercados regionales, nacionales e internacionales. Para ello, debe existir una política pública de reindustrialización y de desarrollo del aparato productivo, con recursos importantes para cofinanciar el escalamiento de nuestras empresas en las cadenas de valor.

7. Un ecosistema débil de innovación, emprendimiento y conocimiento

Una región no puede construir un futuro competitivo únicamente con las actividades económicas del presente. Necesita crear las condiciones para que aparezcan las actividades económicas del futuro. Para ello se requiere una relación mucho más fuerte entre universidades, empresas, Estado, centros de investigación y emprendedores. El conocimiento que se produce en las universidades debe encontrar caminos para convertirse en innovación, empresas, soluciones tecnológicas y nuevos productos y servicios que tengan una aplicación real en el mercado.

Del mismo modo, las empresas necesitan encontrar en las universidades talento, investigación aplicada y capacidades que les permitan aumentar su productividad. Villavicencio y el Meta tienen más de una veintena de instituciones de educación superior, empresarios y emprendedores con capacidades importantes. El desafío está en conectarlos. Sin un ecosistema de innovación suficientemente articulado, resulta difícil generar empresas de alto crecimiento, atraer inversión para el desarrollo tecnológico y crear empleos altamente cualificados.

8. Informalidad laboral y escasez de empleo de calidad

El empleo es probablemente uno de los indicadores que mejor refleja la capacidad de una economía para generar bienestar para sus ciudadanos. No basta con que una persona tenga alguna fuente de ingreso; el desarrollo requiere empleos productivos, estables, formales y con posibilidades de crecimiento. La informalidad reduce la productividad, limita la protección social, disminuye la capacidad de ahorro de los hogares, restringe las posibilidades de construir trayectorias laborales de largo plazo y genera una mayor presión sobre el presupuesto público en subsidios de salud, hogares geriátricos para los adultos mayores y comedores comunitarios y escolares.

Además, genera un círculo vicioso difícil de romper; la baja productividad genera bajos ingresos, lo que se traduce en informalidad, baja capacidad de inversión y, por ende, baja productividad. Por eso, combatir la informalidad no puede limitarse a perseguir vendedores informales o imponer sanciones a quienes no cumplen el marco legal. Es necesario crear condiciones para que las empresas puedan crecer, formalizar trabajadores, generar empleos de mayor productividad y desarrollar un ecosistema emprendedor con un fuerte apalancamiento financiero. El verdadero objetivo debe ser que las familias puedan progresar económicamente gracias a su trabajo, no que tengan que depender permanentemente de subsidios, ayudas estatales o relaciones políticas.

9. Déficit de infraestructura y servicios públicos

Una ciudad competitiva necesita infraestructura que funcione: vías, transporte público, acueducto, alcantarillado, energía, conectividad digital, espacio público y equipamientos urbanos son condiciones básicas para la actividad económica y la calidad de vida. Infortunadamente, los villavicenses hemos sufrido durante décadas de una infraestructura y de servicios inadecuados. El sistema de abastecimiento de agua ha enfrentado durante años dificultades asociadas a la vulnerabilidad de sus fuentes y de la infraestructura de aducción. La intermitencia del servicio de energía, la inestabilidad de la conexión a Internet y el costo creciente de los servicios públicos deterioran la capacidad de consumo de los hogares, generan mayores costos y por ende, afectan la calidad de vida de los ciudadanos y la productividad de las empresas.

En 2025, por ejemplo, la ciudad permaneció durante buena parte del año sin un suministro continuo de agua potable, por lo que tuvo que incorporar el caño Susumuco como fuente alternativa, con una capacidad anunciada de aproximadamente 400 litros por segundo. Que una ciudad tenga que destinar permanentemente recursos a solucionar problemas básicos significa que una parte importante de su capacidad financiera y administrativa se consume atendiendo déficits acumulados y, lo peor del caso, sin que se logre brindar una solución definitiva a la problemática. El desarrollo exige pasar de la lógica de reparar permanentemente a la lógica de planificar, prevenir y construir infraestructura resiliente.

10. Vulnerabilidad climática y crecimiento urbano desordenado

El desarrollo urbano de Villavicencio enfrenta un desafío adicional: las condiciones ambientales y geográficas del territorio. La expansión urbana hacia zonas vulnerables, la presión sobre ecosistemas, la ocupación informal del suelo y la exposición a inundaciones y movimientos en masa aumentan los costos que posteriormente deben asumirse con el presupuesto público. Cuando una ciudad no planifica adecuadamente su crecimiento, primero permite que aparezcan asentamientos y posteriormente debe invertir enormes cantidades de recursos para llevar vías, agua, alcantarillado, transporte, equipamientos y mitigación del riesgo.

Por estos días se habla mucho de la actualización del Plan de Ordenamiento Territorial (POT), por ser, sin lugar a dudas, un importante instrumento para darle orden al crecimiento de la ciudad durante la próxima década. Sin embargo, de nada nos sirve construir el mejor POT posible si la ciudad no tiene la capacidad administrativa, técnica, operativa y financiera para su implementación. El POT debe servir como instrumento para apalancar financieramente el desarrollo de la ciudad. Por lo tanto, la planificación urbana no es simplemente un asunto de urbanismo; es una política económica. Una ciudad que crece desordenadamente termina siendo más costosa de administrar y menos competitiva.

11. Dependencia de la conexión Bogotá–Villavicencio

La posición geográfica del Meta representa simultáneamente una de sus mayores ventajas y una de sus mayores vulnerabilidades. Villavicencio es la puerta de entrada a la Orinoquía, pero gran parte de su conexión económica con el centro del país depende de un corredor vial particularmente vulnerable a movimientos en masa y fenómenos naturales. Los cierres de la vía Bogotá–Villavicencio han demostrado repetidamente que una interrupción del corredor puede afectar el transporte, el abastecimiento, el turismo, el comercio y las actividades productivas.

En septiembre de 2025, por ejemplo, un deslizamiento provocó el cierre total del corredor y la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) informó inicialmente que no existía una fecha estimada para su reapertura. Esta situación demuestra que el Meta necesita pensar más allá de la carretera. La competitividad regional exige diversificación logística, infraestructura multimodal y conexiones alternativas que reduzcan la vulnerabilidad de la economía ante el cierre de un único corredor estratégico. Sin una vía estable, difícilmente llegarán inversionistas privados a instalarse en Villavicencio o cualquier otro municipio del departamento.

12. Pérdida de capital humano y débil cultura ciudadana

Finalmente, existe un factor del que pocas veces aparece en los planes de desarrollo, pero que considero fundamental: el capital humano y el capital social. Una ciudad pierde competitividad cuando sus jóvenes más preparados sienten que, para desarrollar su carrera profesional, deben marcharse a Bogotá, Medellín, Cali, otras ciudades del país o incluso al exterior, en busca de las oportunidades que se les niegan en su propia tierra. El talento que se forma en el territorio con recursos públicos y que luego se fuga es, al mismo tiempo, causa y consecuencia del estancamiento.

Si los profesionales más capacitados se van, disminuye la capacidad local para crear empresas, investigar, innovar, ocupar posiciones técnicas y transformar las instituciones. Pero también necesitamos hablar de cultura ciudadana. El desarrollo no depende exclusivamente de alcaldes, gobernadores, concejales, diputados o congresistas; se requieren ciudadanos que tengan sentido de pertenencia por la ciudad y el departamento, que respeten las normas, participen en las decisiones públicas, ejerzan control social y exijan resultados. Una sociedad que tolera el clientelismo, normaliza la corrupción o considera que «así funcionan las cosas», o que incluso llega a justificarlo bajo la premisa de «que robe, pero que haga», termina reproduciendo el mismo sistema que critica.

La literatura económica ha estudiado ampliamente el fenómeno conocido como «maldición de los recursos» o «paradoja de la abundancia», el cual se relaciona con el hecho de que algunos territorios ricos en recursos naturales no necesariamente alcanzan mayores niveles de desarrollo institucional, diversificación productiva o bienestar para sus ciudadanos. El Meta, a pesar de ser un territorio con enormes recursos naturales y productivos, no ha logrado alcanzar un nivel de desarrollo acorde con su potencial, por lo que vale la pena preguntarnos si hemos utilizado nuestros recursos minero-energéticos para construir nuevas fuentes de riqueza o simplemente para financiar el funcionamiento del presente; un escenario que sugiere que el departamento está repitiendo esta clásica trampa económica.

«Una región verdaderamente desarrollada no es aquella que tiene abundancia de recursos naturales estratégicos; es aquella que utiliza dichos recursos para construir capital humano, infraestructura, empresas, conocimiento, tecnología e instituciones capaces de generar riqueza incluso cuando esos recursos naturales disminuyan».

@DiegoVilla_CO

Los problemas descritos anteriormente no funcionan de manera independiente, se retroalimentan. La baja calidad institucional puede generar una mala asignación del gasto y el desvío de los recursos públicos, lo que limita el desarrollo de la infraestructura necesaria para impulsar el progreso y desarrollo, reduce la competitividad y, por ende, limita la generación de empleo formal. La falta de empleo de calidad aumenta la informalidad (rebusque), lo que, a su vez, reduce la productividad y la capacidad tributaria. La baja capacidad fiscal limita nuevamente la inversión pública, generando menos oportunidades y estimulando la migración de los jóvenes con mayor formación. Así se construye el círculo vicioso que nos mantiene atados al subdesarrollo.

Romper este círculo requiere algo más que cambiar de alcalde, gobernador o de partidos políticos. Necesitamos un nuevo contrato social basado en el mérito, la transparencia, la responsabilidad fiscal, la planeación de largo plazo, la innovación, la productividad y una participación ciudadana más activa. Necesitamos una administración pública en la que acceder a un cargo dependa de las capacidades y los resultados, y no de las relaciones políticas; empresarios que encuentren condiciones para invertir y crecer; y universidades conectadas con las necesidades reales del territorio.

Necesitamos ciudadanos que no solamente reclamen, sino que también participen y ejerzan control sobre lo público, y gobiernos que tengan la capacidad y, sobre todo, la voluntad de tomar decisiones que quizá no produzcan resultados electorales inmediatos, pero que puedan sentar las bases de una transformación real de la ciudad y el departamento de cara a los próximos quince o veinte años. El desarrollo departamental requiere fortalecer los municipios, las cadenas agroindustriales, la conectividad regional, el turismo, la producción rural y las capacidades institucionales de todo el territorio.

El verdadero desafío no es solamente hacer de Villavicencio una mejor ciudad; es construir un Meta más competitivo, productivo, innovador, equitativo y sostenible, en el que Villavicencio pueda ejercer plenamente su papel como capital regional y ancla para el desarrollo de la Orinoquía. Tenemos los recursos, la ubicación, el talento, empresarios, universidades, productores y ciudadanos con capacidad para transformar el territorio. Lo que todavía nos falta es convertir todo ese potencial en un proyecto colectivo de desarrollo de largo plazo.

¿Qué otros factores consideran ustedes que están frenando el desarrollo del Meta y de su capital, Villavicencio? ¿Qué estamos dejando por fuera de esta reflexión? Los leo.