En las últimas semanas, varios indicadores han comenzado a mostrar señales de deterioro en Villavicencio. Esta situación invita a reflexionar sobre los desafíos que enfrenta la ciudad en materia de servicios públicos, costo de vida, empleo, gestión municipal y capacidad institucional para convertir las decisiones en resultados. No se trata de atribuir automáticamente cada problema a una sola administración ni de desconocer los factores externos que inciden en la economía local. Se trata de evaluar los resultados y preguntarnos si las decisiones públicas están contribuyendo a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, o si por el contrario, estamos ante un retroceso que nos obliga a repensar el futuro. A mi juicio, seis asuntos merecen especial atención.

1. El servicio de acueducto: una tarifa que presiona hogares y empresas

Uno de los asuntos que más preocupación ha generado entre los ciudadanos en los últimos meses es el comportamiento de la tarifa del servicio de agua potable que presta la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Villavicencio – EAAV ESP EICE. En el último año el costo del metro cúbico de agua potable se ha duplicado, al pasar de $2.423,70 en julio de 2025 a $4.929,18 en julio de 2026, un incremento del 103,38%, lo que ubica a Villavicencio entre las tres ciudades capitales con la mayor tarifa de agua potable para el sector residencial, después de Barranquilla ($5.095,66) y Medellín ($4.978,29). En el caso del comercio, la tarifa se incrementó en la misma proporción al pasar de $3.999,11 y $8.133,15, por lo que los comerciantes de la capital del Meta cuentan con la tercera tarifa más alta a nivel nacional, únicamente superados por Sincelejo ($8.714,84) y Barranquilla ($8.153,06).

La Resolución 1032 de 2026 de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) introdujo una nueva metodología tarifaria con aplicación a partir de julio del presente año. Esto generó un impacto moderado en la mayoría de capitales del país, con incrementos ordinarios situados mayoritariamente entre el 3,5% y el 8%, como el caso de Bogotá con el 6,67%. Sin embargo, existen en la actualidad tres casos atípicos a nivel nacional: 1. En un extremo figura Yopal que destacó como la única capital con una reducción tarifaria del -11,85% por la corrección en el indicador de pérdidas de red (Consumo Corregido por Pérdidas – CCP), 2. El Acueducto Metropolitano de Bucaramanga – EMB ESP anunció un incremento de hasta el 37% en el consumo de agua potable. Sin embargo, la EMB ESP tomó la decisión de congelar las tarifas hasta el próximo mes de diciembre de 2026 para evitar una mayor presión inflacionaria en la economía local y a la espera de un concepto de la CRA, 3. Villavicencio, esta última con un incremento récord del 90,26% en la tarifa de consumo básico de agua potable (frente a la tarifa aplicada hasta junio de 2026).

No siendo suficiente el incremento excesivo de las tarifas del servicio de agua potable en Villavicencio, la Junta Directiva de la EAAV ESP autorizó un incremento adicional en el número de metros cúbicos de referencia para los hogares en los que no es posible la toma de lectura del micromedidor, pasando de 12 a 14 metros cúbicos mensuales, medida que se adoptó a partir del mes de julio de 2026 y que tiene efectos directos en la facturación, afectando especialmente a los hogares más vulnerables de la capital del Meta.

La magnitud de estos cambios plantea interrogantes sobre sus efectos en la economía de los hogares y en la estructura de costos de los establecimientos comerciales e industriales. No hay que olvidar que el comercio tiene un papel preponderante en la actividad económica de la ciudad y es el mayor generador de empleo, por lo que el precio de un servicio esencial puede convertirse en un factor de presión para los negocios y, potencialmente, para los consumidores. Asimismo, la agroindustria, renglón con alto potencial de crecimiento, tiene en el costo de abastecimiento de agua un factor que le resta competitividad frente a otras ciudades capitales del país con tarifas más asequibles. Finalmente, el incremento tarifario adoptado por la EAAV ESP no solo afecta la economía de las familias y empresas, también tendrá un impacto importante en las finanzas públicas, dado que el Municipio de Villavicencio pasará de transferir de cerca de $18.700 millones al año a más de $24.800 millones por concepto de subsidios a los estratos 1, 2 y 3.

El debate no debería agotarse en el valor del metro cúbico. El Alcalde debe darle la cara a la ciudad y explicar qué inversiones respaldan el incremento en el costo de las tarifas, qué avances se esperan en la reducción de pérdidas, cómo mejorará la prestación del servicio y qué mecanismos existen para proteger a los usuarios. Una tarifa más alta exige transparencia sobre sus fundamentos y resultados verificables para la ciudadanía.

2. El costo de vida: una presión adicional para los hogares

El segundo indicador que amerita un análisis es el comportamiento de los precios de la canasta básica familiar. Según los datos del DANE recopilados para septiembre de 2026, Villavicencio registró una variación mensual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del 1,14%, frente al 0,37% del promedio nacional. La diferencia fue de 0,77 puntos porcentuales (p.p.), una señal desfavorable para el bolsillo de los ciudadanos.

Por divisiones de gastos, la información consultada reporta incrementos mensuales del 2,78% en alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles, y del 1,65% en alimentos y bebidas no alcohólicas. En contraste, transporte presentó una variación del -0,26%. En su conjunto, la variación mensual de los precios de la canasta básica familiar en Villavicencio representa un retroceso en el bienestar de los hogares con menores ingresos, puesto que un mayor costo de arrendamiento y servicios públicos implica un menor presupuesto disponible para compra de alimentos.

En la variación anual para la vigencia 2026 también se destacan los resultados reportados para restaurantes y hoteles, con un incremento del 10,90%, e información y comunicación, con el 6,60%, por lo que Villavicencio acumula la mayor inflación en estas dos divisiones de gastos entre el total de ciudades capitales del país. La división de alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles registró una variación acumulada en lo corrido del año del 7,23%, siendo este el tercer mayor incremento a nivel nacional, superado únicamente por Armenia (8,08%) y Medellín (7,56%).

Cuando los precios de los bienes y servicios aumentan, la capacidad de compra de los hogares puede verse comprometida, especialmente cuando sus ingresos no crecen al mismo ritmo de sus gastos. El efecto puede sentirse en las decisiones cotidianas: qué comprar, qué gastos aplazar y cuánto destinar a alimentación, vivienda, transporte y educación. Por lo tanto, el comportamiento de los precios debe formar parte de la discusión sobre el desarrollo de Villavicencio. La pregunta no es únicamente cuánto está aumentando el costo de vida, sino qué condiciones económicas, productivas y laborales permitirán a los ciudadanos afrontar esas presiones.

3. Mercado laboral: más informalidad y un deterioro en la desocupación

Las cifras del mercado laboral ofrecen otra señal que requiere un análisis de fondo, por ser un factor determinante en la economía de los hogares. De acuerdo con la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) del DANE, la tasa de desocupación de Villavicencio pasó del 7,3% en el trimestre móvil junio-agosto de 2025 al 8,0% en el mismo periodo de 2026, un aumento de 0,7 p.p.

La informalidad laboral presenta un comportamiento especialmente preocupante. En el mismo periodo, la proporción de ocupados informales aumentó del 51,7% al 54,8%, es decir, un aumento de 3,1 p.p. De acuerdo con la comparación de las 13 principales ciudades y áreas metropolitanas publicada por el DANE, Villavicencio registró el mayor incremento frente al año anterior, y el segundo mayor incremento nacional después de Florencia (Caquetá). En contraste, el promedio de las 13 principales ciudades disminuyó del 41,9% al 40,7%, una reducción de 1,2 p.p.

El desempleo juvenil también aumentó en el mismo periodo al pasar del 12,4% al 14,2%, es decir 1,9 p.p., mientras que el promedio de las 13 principales ciudades pasó del 14,3% al 15,7%, un incremento de 1,4 p.p. A ello se suman las estimaciones de población desocupada (cerca de 22.597 personas), subocupada (21.919) y de fuerza de trabajo potencial (11.294). En conjunto, estos indicadores sugieren dificultades que van más allá de la posibilidad de encontrar un empleo: también importa la calidad de las oportunidades disponibles y la capacidad de la economía local para generar ingresos estables para sus ciudadanos.

Estos resultados no demuestran, por sí solos, que todos los cambios sean consecuencia directa de la gestión municipal. Sin embargo, sí justifican examinar cuales son las políticas de desarrollo económico que está implementando la ciudad, cómo se articula la administración municipal con el sector privado, gremios y academia, cuáles son los avances en formación para el trabajo y cuales son los programas orientados a facilitar la inserción laboral de jóvenes y población vulnerable.

Una ciudad que aspira a crecer necesita que sus habitantes encuentren oportunidades de empleo formal y productivo. Cuando aumenta la informalidad, la discusión debe centrarse tanto en las condiciones que la generan como en las medidas que pueden contribuir a revertirla.

4. La Agencia Pública de Empleo: planeación y responsabilidad en el uso de los recursos

Otro asunto que requiere atención es la autorización para que el municipio preste el servicio público de empleo a través de una agencia territorial. La información recopilada para este análisis señala que, mediante la Resolución 0338 del 13 de agosto de 2026, la Unidad Administrativa Especial del Servicio Público de Empleo – UAESP habría negado la solicitud de autorización presentada por el municipio de Villavicencio.

Ante esta decisión, es necesario establecer cuáles fueron las razones de la negativa, qué requisitos estaban pendientes y qué alternativas existen para garantizar la prestación de los servicios de intermediación laboral. La ciudadanía tiene derecho a conocer si hubo fallas en la planeación, en la presentación de los requisitos o en la coordinación entre las entidades involucradas. Al consultar la página de la UAESP se observa que a la fecha la Alcaldía de Villavicencio (Municipio) no aparece como un prestador autorizado para la intermediación laboral.

La situación también plantea preguntas sobre la planeación y el uso de los recursos públicos. Se ha señalado la existencia de contratos de prestación de servicios y de arrendamiento de instalaciones en el Centro Empresarial Potenza, relacionados con el funcionamiento de la Agencia Pública de Empleo. Para evaluar sus implicaciones, es indispensable revisar el objeto de los contratos, sus obligaciones, los pagos realizados y la ejecución efectiva de las actividades previstas.

La existencia de estos contratos no demuestra, por sí sola, un detrimento patrimonial. Sin embargo, sí hace necesario establecer si los recursos se comprometieron de manera oportuna, si se cumplieron las condiciones previstas y si la Administración adoptó las medidas necesarias para proteger el patrimonio público. La transparencia sobre estos aspectos es fundamental para determinar las responsabilidades que pudieran existir.

5. La percepción sobre la gestión: un resultado que merece explicación

El Panel de Opinión de Cifras y Conceptos constituye una referencia para examinar la percepción de líderes de opinión sobre asuntos políticos, económicos, sociales y ambientales. En la edición 2026, la información consultada ubica al alcalde de Villavicencio, Alexander Baquero, en el puesto 16 entre los 16 alcaldes evaluados, con una calificación de 38 puntos sobre 100 posibles.

Este resultado merece una reflexión sobre la percepción de la gestión municipal y los factores que pueden estar influyendo en ella. Es importante precisar que el estudio recoge las respuestas de los líderes de opinión participantes y no representa una medición directa de la opinión de todos los habitantes de Villavicencio. Tampoco reemplaza una evaluación técnica de los resultados de gobierno. Sin embargo, la percepción constituye una señal que puede contrastarse con otros elementos: el comportamiento de los servicios públicos, los indicadores económicos, avances en seguridad, empleo, movilidad, cumplimiento de metas institucionales, capacidad de respuesta de la Administración ante las necesidades ciudadanas, etc.

El reto de un gobierno local no consiste únicamente en ejecutar programas, anunciar proyectos u organizar las mejores actividades culturales posibles. También implica demostrar resultados, explicar sus decisiones, reconocer las dificultades y generar confianza en las instituciones. Por eso, más allá de la posición en un ranking, la pregunta relevante es qué factores explican esta deficiente valoración y qué acciones pueden contribuir a mejorar tanto los resultados de la gestión como la confianza de los ciudadanos en la administración municipal.

6. La EAAV ESP acumula pérdidas durante los dos primeros trimestres de 2026

En la información financiera reportada por la EAAV ESP para el primer trimestre de 2026 se evidencian pérdidas acumuladas por valor de $283 millones, mientras que para el segundo trimestre (corte a junio de 2026) las pérdidas ya superan los $1.719 millones, con un margen de utilidad neta del -3% y un déficit acumulado que supera los $48.500 millones. Los problemas de la empresa remontan a decisiones tarifarias adoptadas durante la última década. El 1 de julio de 2016 la EAAV ESP implementó, mediante un cálculo tarifario técnicamente inadecuado, la Resolución CRA 688 de 2014 mediante la cual se proyectó un Plan de Obras e Inversiones Regulado – POIR a 10 años por cerca de $1,2 billones, inversión que se esperaba financiar con la facturación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado, específicamente, a través del componente tarifario Costo Medio de Inversión – CMI.

La realidad es que en dicho periodo la empresa logró invertir menos del 13% de lo proyectado en el POIR, por lo que estuvo en un riesgo permanente de intervención administrativa, técnica y financiera por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Las deficiencias en la planeación tarifaria que condujeron a la formulación de un POIR sobredimensionado, bajo el supuesto de una proyección de volumen facturado totalmente distorsionada de la realidad, le permitió a la empresa mantener el recaudo a costa de su viabilidad en el largo plazo. Las inversiones proyectadas en el POIR incluían entre otras obras, la construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales – PTAR, obra que nunca se ejecutó, pero que una buena parte de dicha inversión proyectada sí se cobró a los usuarios en sus facturas. A la fecha, la EAAV ESP aplica una devolución por las inversiones no realizadas, las cuales se pueden observar en las facturas en el apartado; Otros cobros, (-) Devolución x inversiones ACU R287.

Durante el presente año la EAAV ESP (con el mismo equipo tarifario de 2014), estableció la nueva tarifa, en la que se factura al usuario un CMI de $3.228,01 por metro cúbico de agua potable (un incremento del 222,73%) y de $2.269,56 el metro cúbico de alcantarillado (+13,57%). De esta forma la Junta Directiva de la EAAV ESP, en cabeza de Alexander Baquero, alivia la crítica situación financiera de la empresa, pero le deja un nuevo problema a la ciudad en el mediano y largo plazo. La proyección tarifaria implica pasar de ingresos ordinarios (acueducto y alcantarillado) por valor de $117 mil millones a cerca de $150 mil millones al año, de los cuales cerca de $87.239 millones corresponden al CMI, es decir, recursos que recauda y que debe destinar cada año la empresa exclusivamente para inversión en captación, conducción y distribución de agua potable y al desarrollo de la infraestructura de alcantarillado.

Sin embargo, la realidad de la empresa es que los elevados costos de administración y operación, la alta burocratización, los presuntos malos manejos administrativos, los insostenibles y crecientes beneficios laborales asociados a la convención colectiva, la elevada deuda con Findeter y la banca privada que asciende a más de $26.300 millones y el creciente pasivo pospensional que supera los $15 mil millones, implica que más del 60% de los ingresos destinados a inversión se tendrán que utilizar para cubrir el insuficiente recaudo por concepto de Costo Medio de Administración – CMA (cargo fijo), Costo Medio de Operación – CMO y Costo Medio de Impuestos, Contribuciones y Tasas – CMICT.

Por lo anterior, es importante que se dé una amplia discusión ciudadana en torno al futuro de la EAAV ESP para hacerla nuevamente viable financiera, técnica y operativamente. Lo que no pueden permitir los villavicenses es su privatización. La gestión de los servicios de acueducto y alcantarillado pueden ser nuevamente rentables para la ciudad, pues a pesar de la deficiente administración a que ha sido sometida la empresa durante los últimos años, el suministro de agua siempre será un gran negocio para la ciudad, pues el agua es un bien que se extrae de los afluentes hídricos a un costo irrisorio, el agua llega a la planta de tratamiento por gravedad y los costos reales de insumos para el tratamiento del agua no superan el 9,3% de los costos totales de transformación (costos de venta).

Una reflexión sobre el rumbo de Villavicencio

Los seis asuntos examinados muestran dimensiones distintas de los desafíos que enfrenta la ciudad, al observarlos en conjunto permite plantear preguntas necesarias sobre las prioridades de la Administración municipal, la eficacia de las políticas públicas y la forma en que se están utilizando los recursos disponibles. A mi juicio, Villavicencio necesita una discusión pública que vaya más allá de la confrontación política. Una discusión que reconozca los avances cuando existan, identifique las dificultades con evidencia y exija explicaciones cuando las cifras plantean señales de alerta. El desarrollo de una ciudad no se mide únicamente por las obras que se anuncian o los proyectos que se ejecutan. También se refleja en la capacidad de sus habitantes para acceder a servicios esenciales, mantener su poder adquisitivo, encontrar empleos de calidad y confiar en sus instituciones.

Las cifras no ofrecen todas las respuestas, pero sí nos obligan a formular mejores preguntas. ¿Qué decisiones deberían convertirse en prioridades para mejorar las condiciones de vida de los villavicenses? ¿Qué otros indicadores tendríamos que examinar para comprender el momento que atraviesa la ciudad? Y, sobre todo, ¿qué estamos dejando por fuera de esta reflexión?

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