El pasado 11 de noviembre de 2025 el Departamento Nacional de Planeación – DNP publicó el Índice de Desempeño Fiscal – IDF 2024, el cual mide la gestión financiera y fiscal de los 32 departamentos del país. El departamento del Meta presentó un descenso de 11 posiciones en el ranking nacional del IDF, al pasar del puesto 13 en 2023 al puesto 24 en 2024, su peor desempeño en más de una década. El Meta obtuvo una calificación de 49,9 puntos (de 100 posibles), ocho puntos menos que en 2023, con un desempeño inferior al promedio nacional (53,5 pts.). El Meta pasó de estar en la mitad superior del país a ubicarse en la parte baja del desempeño fiscal nacional.

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La fuerte caída que experimentó el Meta es el resultado del bajo desempeño en siete de los nueve indicadores financieros y fiscales que hacen parte del IDF 2024, así; 1. El Departamento depende más de las transferencias nacionales y menos de sus ingresos propios, 2. Menor inversión en obras públicas, desatendiendo sectores clave, 3. Colapso completo en el indicador balance primario por baja ejecución presupuestal (superávit excesivo), 4. El endeudamiento alcanzó los $112 mil millones (aumento de pasivos totales respecto a los activos), 5. La entidad se acerca peligrosamente al límite superior en gastos de funcionamiento, 6. El Departamento programó ingresos tributarios que no logró recaudar, y 7. La capacidad de ejecución de inversión sigue siendo media-baja.

El debilitamiento fiscal del Meta en 2024 no es coyuntural, es estructural y pone en riesgo su categoría fiscal.

El entorno complejo al que se enfrenta el Departamento por cambio en los hábitos de consumo de los contribuyentes, incremento del contrabando y la evasión, deficiente gestión financiera y fiscal (menor gestión de cobro coactivo, falta de modernización tecnológica del sistema de gestión tributaria y menor inversión en fiscalización), incremento sostenido en los gastos de funcionamiento, baja producción y venta de bebidas alcohólicas por parte de la Unidad de Licores del Meta, pérdida de poder adquisitivo a los consumidores por la alta inflación, desaceleración de la economía regional, reducción en el número de transacciones inmobiliarias, carencia de una estrategia de diversificación y sofisticación del aparato productivo y pérdida de competitividad del Departamento, entre otros factores, se convierten en caldo de cultivo para su recategorización.

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El Informe de Viabilidad Fiscal – IVF 2024, publicado por el Ministerio de Hacienda, evidencia que el departamento del Meta presentó una variación real del 11% en sus Ingresos de Libre Destinación (ICLD) en el último año, mientras que los gastos de funcionamiento crecieron un 27% en el mismo periodo. Para el Ministerio de Hacienda la situación del Meta representa «… un desmedro respecto a la vigencia anterior, como consecuencia del aumento de los gastos de funcionamiento en mayor proporción que sus ICLD». Es decir, durante el año 2024 el Departamento acumuló gastos de funcionamiento por $126.608 millones, es decir, el 54% de sus ingresos de libre destinación, a tan sólo un punto porcentual de alcanzar el límite máximo del 55% definido por la Ley 617 de 2000, criterio determinante en la recategorización de los departamentos del país.

Sin embargo, el riesgo real para el Meta no es sobrepasar el límite de gastos de funcionamiento frente a los ICLD, el verdadero riesgo radica en que las proyecciones de recaudo de ICLD para la vigencia 2025 son insuficientes frente a los requisitos establecidos por la Ley (170.001 smmlv), lo que indica un inminente descenso de categoría para el 2026 o en el mejor de los casos, para el 2027. Las consecuencias para el Departamento son, entre otras;

• Pérdida de credibilidad institucional por baja capacidad fiscal y administrativa.
• Ajustes en la escala salarial y honorarios de servidores públicos.
• Necesaria reestructuración administrativa.
• Posible reducción de transferencias de la Nación.
• Menor capacidad de inversión.
• Recortes en gastos de funcionamiento.
• Reducción de remuneración de los diputados, de 26 a 25 smmlv.

El Meta cuenta con un sistema tributario agotado, con una pérdida progresiva de sostenibilidad fiscal, por lo que los ingresos propios no alcanzan el crecimiento mínimo requerido para sostener la categoría de primer nivel definida por la Ley 617 del 2000.

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Esta situación debe ser un motivo de reflexión colectiva. Para los ciudadanos debe quedar claro que la elección de mandatarios honestos, competentes e íntegros debe asumirse con la misma responsabilidad y ética que esperamos de quienes administrarán nuestras instituciones. La clase dirigente debe entender que administrar lo público no es sólo organizar fiestas y ejecutar los recursos del erario, se debe gerenciar con eficiencia, responsabilidad y visión de futuro; diversificar las fuentes de ingresos, dinamizar la base tributaria, atraer inversión privada que dinamice la economía local, gestionar recursos de cooperación internacional, tomar decisiones informadas (basadas en datos), generar alianzas estratégicas que multipliquen los recurso escasos y proyecten el territorio a nivel nacional e internacional y finalmente, invertir los recursos con austeridad y responsabilidad procurando el mayor beneficio para la comunidad en su conjunto.

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