El mensaje de los ciudadanos ha sido contundente, se requieren reformas estructurales que generen un cambio de rumbo en la política económica y social del país. Aunque en su mayoría son problemas heredados, el actual gobierno no ha logrado convencer a los ciudadanos de tener la capacidad y sobre todo el interés de dar solución a las mayores preocupaciones de los colombianos. El Congreso de la República, quien co-administra el país a través de la aprobación del presupuesto nacional, la aprobación del marco fiscal, así como las normas que regulan el funcionamiento del Estado, se ha hecho el de la vista gorda frente a las exigencias de los ciudadanos.
La pérdida de credibilidad del gobierno nacional reflejado en el alto nivel de desaprobación de su gestión que ya supera el 70% y la incapacidad del Presidente de conectarse con los ciudadanos, ha conducido a millones de colombianos a volcarse a las calles exigiendo soluciones inmediatas. Por esta razón, el presidente Duque debe tomar de manera urgente una serie de medidas que envíen un parte de tranquilidad a los ciudadanos y que de paso, permita recobrar la legitimidad de su gobierno.
Algunas de las medidas que considero debería contemplar el Presidente Duque y el Congreso de la República para recobrar la calma de los ciudadanos pasa por los siguientes puntos:
1. Relevo del actual comandante del Ejército, dado el retroceso en la seguridad del país, el incremento en la violación de los DDHH, la desaparición forzada de líderes sociales y desmovilizados de las FARC, la muerte de los ocho menores en las selvas del Caquetá y los recientes hechos de corrupción en la institución. Así mismo, el relevo del comandante de la Policía Nacional por los desmanes del ESMAD en las marchas pacíficas de los últimos días.
2. Relevo de los Ministros de Hacienda y de Trabajo dada su impopularidad e incapacidad de brindar una solución al problema del alto desempleo en el país. Por lo anterior, se deben nombrar como ministros a dos expertos en temas de desarrollo económico y social y generación de empleo.
3. El objetivo central de la Ley de Crecimiento Económico sea la eliminación progresiva de los más de 250 beneficios tributarios a empresas y dueños del capital, como una medida de capitalismo responsable que permita un recaudo de $10 billones en el primer año y que podrían destinarse a financiar los siguientes rubros:
- Cumplir los compromisos adquiridos con el movimiento estudiantil y que se relaciona con la inversión en Ciencia, Tecnología e Innovación.
- Ejecutar un plan de choque para la generación de 100 mil nuevos puestos de trabajo. Al colocar el dinero en el bolsillo de los ciudadanos, que no cuentan con capacidad de consumo, se reactiva la economía generando un círculo virtuoso de crecimiento económico.
- Fortalecer financieramente el Fondo Emprender e iNNpulsa Colombia para la financiación de emprendimientos, especialmente de jóvenes, madres cabeza de hogar y desmovilizados.
- Destinar los recursos necesarios para el cuidado de páramos y ríos y la reforestación del territorio, así como la financiación de proyectos de energías renovables.
- Destinar los recursos necesarios para salvar los hospitales públicos y privados en quiebra, así como para atender a la población que se encuentra a la espera de cirugías y demás tratamientos médicos.
- Mejorar la reconversión tecnológica de juzgados, Fiscalía, Procuraduría, etc., así como la descongestión del aparato judicial.
- Financiar el desarrollo agroindustrial y turístico del país.
- Fortalecer la capacidad investigativa de las entidades del Estado como Policía, Ejército, Procuraduría, Fiscalía, Personería y Defensoría del Pueblo.
- Acelerar la implementación de los acuerdos de paz con las FARC, especialmente en lo que respecta a la desconcentración de la propiedad de la tierra y la sustitución de cultivos ilícitos a través de proyectos productivos.
4. Retomar los puntos de la consulta anticorrupción y hacer los ajustes normativos que permitan la selección por concurso de méritos del Fiscal General de la Nación, Procurador General de la Nación, Contralor General de la República, así como a sus pares en los departamentos y municipios del país.
5. Prohibir el fracking y la explotación minera en páramos, afluentes hídricos y resguardos indígenas.
6. Derogar el Decreto 2111 de 2019 que crea el holding financiero estatal «Grupo Financiero Bicentenario» y que abre las puertas a la privatización de empresas que son rentables para el Estado, previa aprobación del Congreso de la República.
7. El Ministerio de Trabajo realice un riguroso control a las empresas que violan los derechos laborales de los colombianos y que evaden el pago de las contribuciones al Sistema General de Seguridad Social integral.
8. Eliminar el uso de proyectiles de impacto cinético y revisar los protocolos de actuación del ESMAD. El uso de gases lacrimógenos debe ser la última medida persuasiva y no la primera como ocurre en la actualidad.
9. Retomar los diálogos de paz con las guerrillas del ELN que permita una salida negociada al conflicto armado, que permita el desarrollo agroindustrial y turístico del país.
Finalmente, en el mediano plazo se debe pensar en una reestructuración del Estado bajo un modelo federado, pasando de 32 departamentos a no más de 12 estados subregionales, un congreso unicameral que incluya la eliminación de 260 congresistas, el establecimiento de una norma que limite la brecha salarial y pensional de los servidores públicos (la asignación más alta no debe superar 15 veces la asignación más baja en las entidades del Estado) y por último, implementar un modelo de sustitución de importaciones de acuerdo a las ventajas comparativas y competitivas del país.
¿Qué otras acciones considera podría implementar el Gobierno Nacional para hacer de Colombia un país más equitativo e incluyente?
Diego Villa | Reflexiones para el Cambio 