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10 reformas que requiere Colombia para la equidad y la justicia social

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Teniendo en cuenta que el próximo 17 de Marzo se desarrollará el paro nacional convocado por las centrales obreras y demás fuerzas sociales del país, se publicó por diferentes medios el pliego de peticiones dirigido al Presidente de la República. Algunas de las propuestas son necesarias, otras no son más que demagogia. La realidad del país hace que algunas de estas propuestas sean inviables y muy seguramente ni la misma izquierda en el poder podría implementar a menos de que se lleve a cabo una reforma estructural del Estado.

El país este año suma un déficit fiscal que asciende a $31 billones de pesos. Por lo tanto, eliminar impuestos y aumentar el gasto público sin incrementar el recaudo es simplemente ilógico e irresponsable. Por lo anterior, planteo 10 reformas estructurales que considero tendrían un impacto real en la generación de las condiciones que hagan de Colombia un país más equitativo, incluyente y justo, así:

  1. Reforma a la estructura del Estado. La actual división política administrativa del país implica 12.065 concejales, 1.102 alcaldes, 418 diputados, 32 gobernadores, 166 congresistas y 102 senadores. Se podría pensar en un congreso unicameral, con lo cual se eliminarían 102 curules de senadores. Reducción significativa en el número de concejales. Integrar el país en seis macrodepartamentos, eliminando 26 gobernaciones y 230 diputados que actualmente no generan ningún valor agregado al desarrollo del país, permitirá la ejecución de proyectos macrorregionales de alto impacto, liberaría infraestructura física que podría ser cedida al SENA y/o universidades y por ende un ahorro sustancial en gastos  burocraticos.
  2. Reforma a la división de poderes para combatir la corrupción. Todos los cargos de la rama judicial deben ser elegidos por concurso de méritos sin ningún tipo de intervención o intromisión por parte de las ramas ejecutiva y legislativa. (Lea también: Qué podemos hacer los ciudadanos para evitar la corrupción en Colombia)
  3. Reforma al sistema de regalías. Los recursos de las regalías deben ser invertidos en el desarrollo de la infraestructura que actualmente está siendo financiada con la privatización de las empresas de servicios públicos, con concesiones y APP.
  4. Reforma tributaria. Eliminar las exenciones tributarias, incrementar el IVA a los bienes suntuosos y mejorar los mecanismos de control para frenar la economía informal.
  5. Reforma al sistema de salud. Eliminar las EPS y crear la Dirección de Impuestos para la Seguridad Social que transfiera los recursos recaudados directamente a IPS y se destine un porcentaje  a la formación de alto nivel de personal sanitario y a I+D+i en salud. Perseguir de forma contundente la evasión y elusión fiscal, así como la explotación laboral y la economía sumergida.
  6. Reforma al sistema educativo. Incluir en la educación primaria, secundaria y bachillerato la formación en programación de software, electrónica, así como formación deportiva, artística y cultural teniendo en cuenta las habilidades propias de cada estudiante. Todas las escuelas y colegios públicos y privados del país deben ser bilingües y a futuro trilingües. Los docentes deben contar por lo menos con título de maestría.
  7. Financiación de Mipymes. Crear un fondo rotatorio de $15 billones para la financiación de la micro, pequeña y mediana empresa y capital semilla con tasas de interés igual al IPC + 1%, priorizando los proyectos asociativos y aquellos en los que los empleados puedan ser socios de las empresas en las que laboran. (Lea también:Cámara de Comercio de Villavicencio, un lastre para los empresarios de la Orinoquia)
  8. Desarrollar un modelo de sustitución de importaciones. Lo que se pueda producir en el país a precios iguales o inferiores a los precios internacionales, debe ser producido en el territorio nacional.
  9. Precio de los combustibles. El precio final del galón de combustible no debe ser superior a $4.000 como medida para paliar la falta de infraestructura que nos resta competitividad en los mercados internacionales, especialmente en los aspectos logísticos de transporte de mercancía y  productos agrícolas.
  10. Política de vivienda. Crear un fondo rotatorio de $15 billones para la adquisición de vivienda nueva con créditos a 40 años y cuota fija + IPC. De esta forma una familia de estrato 1, 2 o 3 puede acceder a una vivienda de $86 millones con una cuota mensual de $179 mil. Con esta medida se soluciona el déficit de vivienda a mediano plazo y  el país contaría con un ahorro a largo plazo e igualmente se acabaría con la corrupción en torno a la construcción de vivienda por parte de alcaldías y gobernaciones.

Los recursos para los fondos rotatorios de Mipymes y vivienda pueden ser obtenidos de los $160 billones que actualmente administra el Banco de la República por concepto de reservas internacionales, cifra que está por encima de lo recomendado por el FMI.

¿Qué otras medidas estructurales cree que deben exigir las organizaciones políticas y sociales para hacer de Colombia un país más eficiente con justicia social? (Lea también: La crisis del modelo económico en Colombia)

¿Qué podemos hacer los ciudadanos para evitar la corrupción en Colombia?

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Para nadie es un secreto que la corrupción es uno de los principales problemas que aqueja al país, convirtiéndose en el palo en la rueda para el desarrollo, la equidad y la justicia social. Aunque éste es un tema prioritario en la agenda pública, las medidas tomadas a lo largo de los últimos años no han tenido efecto alguno, generando la pérdida de credibilidad en las instituciones.
Paradójicamente cualquier solución que se pretenda implementar debe pasar por la institución más desprestigiada y peor valorada por colombianos, el Congreso de la República. La corrupción política se ha convertido en la fuerza que mueve las entidades del Estado. El gobierno nacional, los gobernadores y alcaldes asignan «mermelada» y cuotas burocráticas a senadores, congresistas, diputados y concejales con el objeto de que estos últimos aprueben los proyectos, leyes, ordenanzas y acuerdos requeridos para la ejecución de los planes de desarrollo y la implementación de medidas que benefician a las élites que representan.
 Congreso de la República de Colombia
El circulo vicioso se perpetúa cuando los mismos políticos son quienes eligen al Procurador General de la Nación, Contralor General, el Registrador Nacional, Fiscal General, Defensor del Pueblo, miembros de la Corte Constitucional y magistrados del Consejo Superior de la Judicatura. Este fenómeno se repite  a nivel de gobernaciones y alcaldías.
A partir de este panorama surge la pregunta ¿Qué podemos hacer los colombianos para dar un nuevo panorama a la gestión de los asuntos públicos?. La solución está evidentemente en manos de los ciudadanos. En la Constitución Política se contemplan mecanismos de participación ciudadana como el voto, referendo, plebiscito, cabildo abierto y la consulta popular que permiten introducir cambios, revocar leyes y hacer reformas constitucionales. Creería que a través del referendo podemos empezar por los siguientes cinco aspectos:
  1. Cero corrupción en el sistema de salud. Revocar la Ley 100 de 1993 y todos sus decretos reglamentarios. Con esto se eliminan EPS y ARS que se convirtieron en estructuras burocráticas innecesaria que desangra el sistema de salud. Igualmente, exigir la creación de una Dirección Tributaria de la Seguridad Social que recaude y gire los recursos directamente a hospitales, clínicas y centros de salud. El Ministerio del Trabajo debe ser contundente en la vigilancia al sector público y privado, de tal forma que garantice los derechos de los trabajadores y se evite la evasión y elusión fiscal.
  2. Igualdad y equidad social. El salario más alto en el Estado no debe ser superior a 10 veces el salario mínimo. Un congresista obtiene por salarios y demás prestaciones en cuatro año más de $1.100 millones, mientras un ciudadano del común con el salario mínimo tardaría 150 años para obtener el mismo ingreso. Con esta medida habrá un mayor interés de los políticos por incrementar el salario mínimo.Matriz Congreso
  3. Vinculación de funcionarios del Estado a la carrera administrativa. No hay una organización que viole más los derechos laborales y genera desigualdad como el mismo Gobierno. Los contratos de prestación de servicios se convierten en el instrumento para que los corruptos se perpetúen en el poder, ya que la renovación de los contratos de prestación de servicios depende de que el político que lo apadrina se perpetúe en el cargo.
  4. Elección por concurso de méritos en organismos de vigilancia y control. La elección de Contralor, Fiscal, Registrador, Defensor del Pueblo, etc. y sus pares en las regiones sean elegidos por concurso de méritos (seleccionando al candidato con mayor puntuación, sin ternas) y administrado por universidades nacionales y extranjeras.
  5. Presupuesto para mejorar eficiencia de los órganos de control. Un porcentaje del presupuesto de alcaldías y gobernaciones se destine al fortalecimiento de los órganos de control (su función debe ser preventiva y correctiva, no esperar a que los recursos públicos sean apropiados por particulares y 10 años después dicten las sentencias), la eficiencia de rama judicial y la creación de una cultura ciudadana de cero tolerancia a todas las formas de corrupción.
Queda pendiente la tarea de organizar un comité ciudadano para el referendo y exigir a los senadores, congresistas y candidatos presidenciales que se comprometan a tomar medidas estructurales que nos permitan recobrar la confianza en las instituciones.