Para nadie es un secreto que la corrupción es uno de los principales problemas que aqueja al país, convirtiéndose en el palo en la rueda para el desarrollo, la equidad y la justicia social. Aunque éste es un tema prioritario en la agenda pública, las medidas tomadas a lo largo de los últimos años no han tenido efecto alguno, generando la pérdida de credibilidad en las instituciones.
Paradójicamente cualquier solución que se pretenda implementar debe pasar por la institución más desprestigiada y peor valorada por colombianos, el Congreso de la República. La corrupción política se ha convertido en la fuerza que mueve las entidades del Estado. El gobierno nacional, los gobernadores y alcaldes asignan «mermelada» y cuotas burocráticas a senadores, congresistas, diputados y concejales con el objeto de que estos últimos aprueben los proyectos, leyes, ordenanzas y acuerdos requeridos para la ejecución de los planes de desarrollo y la implementación de medidas que benefician a las élites que representan.
El circulo vicioso se perpetúa cuando los mismos políticos son quienes eligen al Procurador General de la Nación, Contralor General, el Registrador Nacional, Fiscal General, Defensor del Pueblo, miembros de la Corte Constitucional y magistrados del Consejo Superior de la Judicatura. Este fenómeno se repite a nivel de gobernaciones y alcaldías.
A partir de este panorama surge la pregunta ¿Qué podemos hacer los colombianos para dar un nuevo panorama a la gestión de los asuntos públicos?. La solución está evidentemente en manos de los ciudadanos. En la Constitución Política se contemplan mecanismos de participación ciudadana como el voto, referendo, plebiscito, cabildo abierto y la consulta popular que permiten introducir cambios, revocar leyes y hacer reformas constitucionales. Creería que a través del referendo podemos empezar por los siguientes cinco aspectos:
- Cero corrupción en el sistema de salud. Revocar la Ley 100 de 1993 y todos sus decretos reglamentarios. Con esto se eliminan EPS y ARS que se convirtieron en estructuras burocráticas innecesaria que desangra el sistema de salud. Igualmente, exigir la creación de una Dirección Tributaria de la Seguridad Social que recaude y gire los recursos directamente a hospitales, clínicas y centros de salud. El Ministerio del Trabajo debe ser contundente en la vigilancia al sector público y privado, de tal forma que garantice los derechos de los trabajadores y se evite la evasión y elusión fiscal.
- Igualdad y equidad social. El salario más alto en el Estado no debe ser superior a 10 veces el salario mínimo. Un congresista obtiene por salarios y demás prestaciones en cuatro año más de $1.100 millones, mientras un ciudadano del común con el salario mínimo tardaría 150 años para obtener el mismo ingreso. Con esta medida habrá un mayor interés de los políticos por incrementar el salario mínimo.
- Vinculación de funcionarios del Estado a la carrera administrativa. No hay una organización que viole más los derechos laborales y genera desigualdad como el mismo Gobierno. Los contratos de prestación de servicios se convierten en el instrumento para que los corruptos se perpetúen en el poder, ya que la renovación de los contratos de prestación de servicios depende de que el político que lo apadrina se perpetúe en el cargo.
- Elección por concurso de méritos en organismos de vigilancia y control. La elección de Contralor, Fiscal, Registrador, Defensor del Pueblo, etc. y sus pares en las regiones sean elegidos por concurso de méritos (seleccionando al candidato con mayor puntuación, sin ternas) y administrado por universidades nacionales y extranjeras.
- Presupuesto para mejorar eficiencia de los órganos de control. Un porcentaje del presupuesto de alcaldías y gobernaciones se destine al fortalecimiento de los órganos de control (su función debe ser preventiva y correctiva, no esperar a que los recursos públicos sean apropiados por particulares y 10 años después dicten las sentencias), la eficiencia de rama judicial y la creación de una cultura ciudadana de cero tolerancia a todas las formas de corrupción.
Queda pendiente la tarea de organizar un comité ciudadano para el referendo y exigir a los senadores, congresistas y candidatos presidenciales que se comprometan a tomar medidas estructurales que nos permitan recobrar la confianza en las instituciones.
Diego Villa | Reflexiones para el Cambio 
2 comentarios sobre “¿Qué podemos hacer los ciudadanos para evitar la corrupción en Colombia?”